Principalmente aquellos documentos que podrí­an servir a instituciones, investigadores, asesores y hasta para el mismo legislador en el afán de investigación o crear nuevas iniciativas de ley, como instrumento cientí­fico basado en realidad nacional.

Tal los casos de memorias de labores que, según las leyes de Guatemala, las instituciones en general deben enviar un ejemplar al Congreso de la República, a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de Gobernación.

Uno de los objetivos, tener base escrita sobre los avances y logros alcanzados con el presupuesto que anualmente les aprueba el Congreso y que como institución se gasta o se invierte.

LIBRE ACCESO

También que haya sustento escrito en organismos o dependencias que a través de una partida presupuestaria o transferencia se financian, tal los casos de la Corte de Constitucionalidad que para funcionar depende de los fondos que le traslade la Corte Suprema de Justicia.

O la Procuradurí­a de Derechos Humanos, que anualmente para funcionar recibe dinero del Congreso de la República; también los casos de la Universidad de San Carlos de Guatemala o la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que tienen presupuesto constitucional.

Una memoria de labores refleja el balance de ingresos y gastos transformados en obra, constituyéndose además en otra herramienta de libre acceso a la información, debido a las grandes dificultades que todaví­a se encuentran para obtener información pública.

El tropiezo más grave, cuando se trata de conocer sobre gastos por conceptos de salarios para personal permanente o temporal y de asesorí­as se trata, la fuente Memoria de labores podrí­an ser una opción.

INTENTOS

Desde hace tres legislaturas, algunos diputados han hecho intentos por legislar en la ví­a de contar con un registro, tal el caso de la ex parlamentaria Conchita Mazariegos o Anabella de León, quienes hace casi ocho años tení­an una meta más ambiciosa, reunir en un solo registro no solo leyes sino otros documentos.

Pero los cambios de legislatura o la sustitución o la permanencia durante cuatro años en el puesto de presidencia de Junta Directiva no han garantizado nada.

Otra posibilidad fue la iniciativa 3682 que en septiembre de 2007 se intentó por parte de Leonardo Camey Curup para crear el registro nacional de normas jurí­dicas. Actualmente solo la biblioteca del Congreso es fuente histórica.