Presidentes, alcaldes, gobernadores, diputados, ministros o secretarios… cualquier funcionario puede crear una empresa constructora, firma de servicio u ONG y ofrecer contratos “más baratos” que en el fondo son solamente el negocio del que se aprovechará sin importarle las consecuencias.

Uno de los principales motivos por los que un grupo de parlamentarios presentó la iniciativa de Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito (LCEI), se basa en que, aunque a la fecha ha habido mí­nimos avances, “las conductas antisociales, en las cuales aquellos que ejercen la función pública priorizan sus intereses espurios sobre los intereses colectivos para enriquecerse del dinero que no les pertenece, ha ido evolucionando”, se lee en los considerandos de la ley.

Los ponentes propusieron esta ley con el fin de legislar sobre el producto de las conductas de corrupción, “que consiste en un incremento desmedido en su patrimonio el cual no pueden justificar razonablemente”.

Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta del Congreso, y ponente de la LCEI, explica que esta busca evitar el abuso del funcionario público, que amparado en su cargo tiene información privilegiada y usa empresas para luego ejecutar obras a precios sobrevalorados.

Por ello con la LCEI se busca que sean las empresas con experiencia, capacidad, compromiso y fianzas de cumplimiento que respondan por la obra que se haga en el paí­s, “pero que esos contratos se hagan de manera correcta, es increí­ble el endeudamiento que tenemos, dicen que hay obra pero no se ve dónde está”, dice la parlamentaria.

Aní­bal Garcí­a, secretario general del partido en formación Movimiento Nueva República, exparlamentario y también ponente de la LCEI, afirma que “para nadie es un secreto que Guatemala es un paí­s en donde pasan diferentes administraciones y, aunque con diferentes  modalidades siempre reina la corrupción”.

Lo anterior tomando en cuenta que por lo general existen comisiones por obra, tráfico de influencias y dedicatorias “para que ciertas empresas u ONG sean beneficiadas con obra pública, por lo que ese marco de referencia, sumado a la cultura de violación a las leyes y una actitud empresarial proclive a la corrupción hacen que se efectúe necesaria una reforma profunda al Código Penal, en la parte que se refiere a los delito vinculados a corrupción”.

Es por esto, dice Garcí­a, que la LCEI se plantea como “una salida extraordinaria”, que tipificarí­a como delito el cobro de comisiones en la obra pública y en las compras del Estado, y que se apliquen sanciones drásticas a los delitos vinculados con corrupción.

SIN SANCIONES
e comete el ilí­cito, la Contralorí­a General de Cuentas le cobra una multa económica, de la cual, se le rebaja al funcionario hasta un 90%. “Entonces para un funcionario es más fácil robarse Q10 millones y pagar Q50 mil, esas cosas deben cambiar”, complementa Montenegro.

El problema, señala por su parte Garcí­a, es que las penas que existen en el Código Penal, hacia los delitos relacionados con la corrupción, son “ridí­culas, y francamente insultantes a la dignidad de la mayorí­a de los guatemaltecos”.

Además, señala el consultado, el Ministerio Público no puede hacer investigaciones profundas y de fondo pues no cuenta con la posibilidad de utilizar los mecanismos que establece la lucha contra el crimen organizado. “Quiere decir que actualmente, en la gran mayorí­a de delitos vinculados con corrupción no se pueden utilizar las escuchas telefónicas y los colaboradores eficaces”, asegura.

Estos mecanismos, dice el exparlamentario, serí­an ayuda para poder detectar las redes de corrupción que existen a nivel nacional “y que sabemos están en las municipalidades, en el Ejecutivo, en las entidades autónomas y en el propio Congreso de la República”.

Por ello, es indispensable que se aprueben las leyes anticorrupción que no se centran en la de Contra el Enriquecimiento Ilí­cito sino también reformas al Código Penal y utilizar los mecanismos en contra del crimen organizado, “de lo contrario será difí­cil ver presos a los corruptos, tanto peces pequeños como gordos”, agrega el exparlamentario.
 
DENUNCIA

Con fecha 28 de septiembre de 2010, Diario La Hora hizo público que el entonces viceministro financiero del Ministerio de Comunicaciones, Alfredo Mury, fungí­a ante el Registro Mercantil como mandatario especial con representación de la entidad Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA), una de las mayores contratistas del Estado.

Se explicó también que, coincidentemente, a partir de su nombramiento como funcionario de la administración de ílvaro Colom, la empresa incrementó el flujo de obras a ejecutar y se benefició con millonarias adjudicaciones.

El trabajo  público de Mury finalizó el 5 de enero de 2011, cuando el exfuncionario renunció en la búsqueda de participar en la contienda electoral del año pasado, previamente a ello se desarrolló una serie de “investigaciones” de la Procuradurí­a General de la Nación y la Presidencia de la República, de las que el viceministro salió bien librado.

De la administración pública, el único funcionario que reacciono de manera contraria fue el vicepresidente Rafael Espada, quién señaló que “como Comisión de Transparencia sí­ creemos que hay un conflicto de interés que tiene que ser analizado, lo que estoy diciendo es que puede ser legal, pero es inmoral debido al conflicto de interés que hay, una persona que ha estado tanto tiempo en una posición industrial de ese tipo, nosotros consideramos que puede haber un conflicto de interés”.

Para evitar este tipo de situaciones, Montenegro señala que es necesario frenar de alguna manera el tráfico de influencias, “aunque no exista la ley, es inmoral”, dice la parlamentaria, por lo que se deberí­a aplicar el Código Penal, donde existen otras figuras como abuso de autoridad, corrupción y otros, pero esto evidencia que se hace indispensable la aprobación de dicha ley.

Garcí­a lamenta que en este tema solamente se aplicó la “sanción moral” y no se pudo llegar a la sanción penal, “porque hoy por hoy es prácticamente imposible que persigamos a este señor desde la perspectiva penal”.

VOLUNTAD POLíTICA

Para Montenegro es necesario “probar” la voluntad polí­tica del Congreso durante este primer año, pues en la agenda prioritaria se debe incluir la aprobación de la LCEI.

La parlamentaria señaló que como segunda vicepresidenta solicitó que este tema se incluyera en la primera reunión del pleno, sin embargo no fue posible, “lo que se dijo es que se iba a dejar, ojalá sea así­, para la próxima reunión, porque todaví­a no tiene consenso”, dijo la parlamentaria.

Montenegro espera que durante el 2012 se pueda aprobar la LCEI “porque si no es este año yo veo difí­cil, después, con la atomización de fuerzas, que sea una realidad”. 

Sin embargo, Garcí­a estima poco probable que esto suceda, “no quiero ser aguafiestas, pero aquí­ el tema es de fondo, quienes han llegado al Congreso, si uno revisa quienes son, se puede dar cuenta de que muchos son, en su mayorí­a, integrantes tradicionales de la clase polí­tica corrupta y tradicional que ha gobernado el paí­s. El hecho de que haya 90 nuevos diputados no garantiza absolutamente nada, en relación a que tengamos diputados éticos y transparentes que van a ayudar a que Guatemala cambie”, dice.

Según el parlamentario, mientras en los partidos polí­ticos se priorice el “linaje, porque ahora van los hijos, la esposa, el cuñado” y prive el tener dinero para llegar a los puestos de poder, no podemos esperar algo diferente.

“Mi análisis y mi vaticinio es pesimista, creo que no lo van a hacer y si lo hacen me retractaré, pero no tengo en este momento elementos para pensar que quienes están tapados con la misma chamarra ahora quieran hacer lo contrario, creo que no lo van a hacer, los partidos que van a dominar el Congreso al final de cuentas son los mismos, solo que diputados con diferente partido, y ellos si hubieran tenido voluntad polí­tica, hubieran aprobado las propuestas cuando se dio la oportunidad”.

Además, existirí­a la probabilidad de que se apruebe la LCEI pero “sin dientes” y que no tenga la posibilidad de funcionar para lo que se necesita “que es realmente luchar contra este flagelo”, dice Garcí­a.

PARA LOS EMPRESARIOS

Otro de los puntos a abordar se centra también en los empresarios, pues para que exista un negocio anómalo debe existir un “corrupto” y un “corruptor”.

Garcí­a dice que parte de la discusión que existió en el Congreso de la República, cuando él se encontraba como parlamentario impulsando la LCEI, fue sobre la petición de los empresarios de investigar la corrupción pero “a los funcionarios públicos, yo me opongo tajantemente a eso, creo que hay que investigar a las dos partes, tanto los que están de lado de la administración pública como los que facilitan esa corrupción y que al final de cuentas la perfeccionan. El tema es de dos ví­as, el corrupto y el corruptor”, asegura.

El exparlamentario recuerda que en el último proyecto de ley en contra de la corrupción, que se dejó encaminado, se logró hablar de “quienes manejaran fondos públicos o como consecuencia de contratos con el Estado participen en actividades de corrupción, o sea que quedó claro que también alcanzaba a los privados que facilitan esa corrupción”.

í‰TICA Y MORAL
Julio Galicia, miembro del Colegio de Ingenieros, señala, respecto a la mala calidad de obra, que lo que se ha descuidado es la aplicación técnica de ingenierí­a que se basa en tres elementos principales; el diseño, la construcción y la supervisión.

Según Galicia, estos tres elementos son importantí­simos para la realización de una obra, aunque no es suficiente el conocimiento pues también tiene peso la experiencia.

El diseño, dice el experto, debe contemplarse la topografí­a y un estudio de suelos para saber por dónde va a pasar  la construcción, además de realizar este con las llamadas “buenas prácticas de ingenierí­a”.

“Los análisis de suelo permiten establecer que diseño debe realizarse, lo primero es no construir en terrenos que presenten humedad y si hay agua, lo primero que se debe hacer es alejarla del proyecto”, señala el consultado.

A pesar del principio antes descrito, Galicia señala que se ha evidenciado que hay construcciones realizadas en terrenos saturados, “hemos estado viendo que los problemas de la estación lluviosa pasada fueron severos y en algunos casos se está construyendo en terrenos saturados y el agua es el principal enemigo de las carreteras y hay que eliminarla a como dé lugar”, afirma.

Además, para la construcción de una carretera también se debe tomar en cuenta el tipo de vehí­culo que transitará para establecer la carga que soportará esta, también, como norma, se debe tomar en cuenta las especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes, la que sirven de guí­a para una construcción de calidad.

“Para eso necesitamos también en las constructoras profesionales que tengan conocimiento y además una empresa supervisora que vele porque los trabajos se hagan de acuerdo a las normas y las especificaciones, aquí­ también debe haber gente capaz y que conozca el tema”, dice el ingeniero.

Respecto a sanciones por construcciones realizadas de manera irresponsable, el ingeniero indica que no deberí­an siquiera existir  este tipo de casos, pues cualquier obra tiene una fianza de cumplimiento, es decir, primero debe cumplir con lo que se ha programado y en el tiempo estipulado y luego debe tener una fianza de conservación de obra, que obliga a cualquier contratista a que la obra se mantenga durante el tiempo que se estipule dicha fianza.

“Existen normas y especificaciones para hacer cualquier obra, y de allí­ se derivan los conceptos de ética y moral para hacer bien la obra”, dice Galicia, quién además estima que mucho del problema actual del paí­s es derivado de la falta de estos conceptos.

El problema de la corrupción y el tráfico de influencias no se queda solamente en los negocios turbulentos, se traduce además en el problema que representa para la población el transitar por una carretera en mal estado o un puente que se cae y deja incomunicados a los habitantes de una localidad.

“Al no haber un puente, la gente no se puede movilizar de la manera adecuada, pero además no tiene los servicios. Todo se transporta, y cuando no hay una buena carretera se corre riesgo de perderlo todo, es más, cuando hay una catástrofe el ciudadano humilde puede sufrir las consecuencias y hasta morir”, dice Montenegro, por lo que desea dejar claro que “las consecuencias de la corrupción pueden ser hasta de muerte, dolor, hambre y desnutrición”.