Las condiciones climáticas que afectaron al paí­s hace dos años habrí­an dejado en el 2010 a más de dos millones de personas en un precario estado de desnutrición. El panorama para el próximo año, después de un pertinaz invierno, podrí­a ser aún más crí­tico, debido a que no se tienen respuestas sobre cómo se resolverán los problemas del campo.

Pese a que el sector de la industria, el comercio y los servicios ganan terreno en la economí­a nacional, la agricultura continúa siendo el área productiva de la que dependen directa o indirectamente más guatemaltecos, pero es también uno de los sectores más desprotegidos por las polí­ticas públicas y más afectado por las condiciones climáticas en el invierno.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en todo el territorio guatemalteco existen 830 mil 684 personas que tienen la tierra como principal medio de producción. De ellos, el 92% resultan ser los pequeños productores. El Ministerio de Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación (MAGA), afirma que el paí­s tiene 18 mil kilómetros cuadrados aptos para la producción de maí­z, ocupándose en el cultivo 11 mil kilómetros.

Pero sin apoyo técnico, créditos y subsidios en zonas de riesgo, para los pequeños productores es casi imposible garantizar la producción de subsistencia que necesitan sus familias, mientras que pensar en excedentes para la comercialización es imposible.

Pascual Pérez, de la Pastoral de la Tierra y delegado del INCOPAS (Instancia de Consulta y Participación Social) en la Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria, cuenta que lo que sobrevivió en la cosecha de este año se terminó de arruinar con el paso de la tormenta Agatha, porque los campesinos no habí­an tapiscado -quitar la mazorca de la milpa-.

Pascual comenta que en Sololá, Totonicapán y Huehuetenango, las raí­ces de la milpa se pudrieron por el copioso invierno de este año. «Los campesinos debieran ser beneficiarios de un seguro agrí­cola que los ayuden a recuperarse de las pérdidas de las cosechas».

Entre las necesidades más urgentes del campesinado está el acceso a créditos y el beneficio de un seguro agrí­cola, además de la solución al histórico problema de tenencia de tierras.

Helmer Velásquez, director de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) asegura que existen dos factores importantes que afectan la vida agrí­cola en el paí­s. El primero es el tema presupuestario, refiriendo que el MAGA recibe únicamente Q800 millones anuales; el segundo un desorden estructural: «esto vislumbra la falta de capacidad del Estado de ordenar las tierras, que se sigue concentrando en pocos productores y si seguimos sustituyendo maí­z por agrocombustibles, el problema en vez de resolverse va a agudizarse».

Helmer se pregunta: «Â¿Por qué un paí­s que ha sufrido de tormentas y sequí­as a lo largo de los años no cuenta con una respuesta estatal de emergencia bien diseñada que contribuya a minimizar las pérdidas en el agro?».

La Hora intentó consultar al MAGA, sobre las polí­ticas y proyectos que ejecutarí­a para dar respuesta a la crisis del campo, pero no se obtuvo respuestas, pese a los constantes llamados telefónicos a la institución.

Frente a esta situación, serán miles de campesinos en situación vulnerable que se sumarán a las filas de la desnutrición. Algunos reciben aportes de organizaciones internacionales y otros las transferencias monetarias de Cohesión Social, pero éstas no cubren a todos los grupos en situación de riesgo alimentario.

Como parte del Sistema de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha ayudado a 320 mil personas con urgente necesidad de apoyo alimentario. «Los eventos recientes del pasado invierno no le dan crédito al problema de hambruna que vive el paí­s», refiere Willem van Millink, representante del PMA en Guatemala.

Pero Pascual y Helmer denuncian que dichos programas no van más allá del maí­z y el frijol. «Hay que trabajar en corto, mediano y largo plazo, si sólo se trabaja a largo plazo nos olvidamos de la gente que tiene que comer todos los dí­as», aclara van Millink aceptando que hay que ver otras posibilidades de desarrollo rural.

Existe un censo que va en crecimiento cada mes, y hasta octubre del presente año ha contabilizado a 14 mil familias con desnutrición aguda, por lo que piensan extender el programa alimentario hasta el 2011. Sus bases centrales son la asistencia alimentaria y la distribución de alimentos.

El aporte que la agricultura hace al PIB ha sido del 13.6% en el 2009, mientras que para el Estado de Guatemala el costo del hambre ha sido de más de tres mil millones de dólares, representando el 11% del Producto Interno Bruto, mientras que el dato de niños y niñas que viven con desnutrición crónica es de alrededor de un millón que viven en zonas rurales o en la periferia urbana, en donde la prevalencia supera el 70%, esto, según el Análisis del Impacto de la Desnutrición en Guatemala, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.