Analistas consideran que se han logrado avances en la institucionalidad de los derechos de los pueblos indígenas, pero escaso progreso en su discusión profunda para cambios estructurales que les beneficien.
El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A criterio de Vilma Sánchez, de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala (Codisra), este hecho fue un avance en la historia pues reconoció los derechos colectivos de estas poblaciones.
Eduardo Zacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, considera que la existencia de éste y otros tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, contribuyen al debate que intenta cambiar la situación de opresión, marginación y exclusión de los pueblos indígenas.
Sin embargo, la discusión pública sobre el tema es reciente, ya que surgió en 1996, a raíz de los Acuerdos de Paz, específicamente con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que su inclusión en la agenda de los gobiernos se ha registrado muy lentamente, por lo que el tema se «logra registrar con mucha dificultad», consideró ílvaro Pop, del organismo indígena Nale»b.
Institucionalidad
Los entrevistados coinciden en que el Estado de Guatemala ha tenido una serie de cambios que 15 años antes «eran impensables», como la creación de instituciones que contribuyen a la visibilización de la población indígena.
«Diez o 15 años atrás no existían instituciones, normas, leyes; una serie de figuras que marcan puntos importantes para el desarrollo del país», refirió Zacayón.
Entre las instituciones creadas en ese contexto se menciona a la Defensoría de la Mujer Indígena, creada hace nueve años; el Fondo de Desarrollo Indígena y la Codisra entre otras.
«En cuanto a legislación puntual, se logró la tipificación en el Código Penal del delito de discriminación», apuntó Sánchez.
Sin embargo, Sánchez cree que el Gobierno debe esforzarse para dar a conocer esos instrumentos, las instituciones los tomen como fundamentos para sus acciones, y la sociedad exija su aplicación.
Desafíos
Los entrevistados admiten que persisten grandes desafíos para modificar la realidad en que viven los pueblos indígenas, ya que el Estado no ha considerado estos instrumentos internacionales.
Zacayón sostiene que «el hecho de que estén colocados en agenda no significa que los problemas reales y verdaderos por los que atraviesa la población estén resueltos».
Hay desafíos pendientes: «Sigue el racismo estructural, el Estado es mono cultural, la Constitución nos denomina como unidades indígenas y no como pueblos, además pareciera que solo en algunos artículos estamos contemplados, por lo que se interpreta que no todos son para los indígenas», recalcó Sánchez.
Por otro lado, la existencia de acuerdos como la Declaración, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, pueden ser interpretados como un avance significativo en la normativa internacional de aplicabilidad interna.
No obstante, según Sánchez «en la mayoría de ocasiones se conciben únicamente como declaraciones de buena voluntad, puesto que no son vinculadas al cumplimiento obligatorio de los derechos de los pueblos indígenas».
Este podría ser el caso de comunidades indígenas del municipio de San Juan Sacatepéquez y el departamento de San Marcos que a través de consultas comunitarias expresaron su opinión desfavorable a la implementación de proyectos que consideraron nocivos para la vida de la comunidad, como lo reconoce el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas.
Además, el Estado de Prevención decretado en el mismo municipio y el fallo de la Corte de Constitucionalidad que rechazó la relación «vinculante» de las consultas, como lo estipula el artículo 7 de la citada convención, representan la impotencia de las instituciones del Estado para el incumplimiento de las normas, según los entrevistados.
Al respecto, el representante de Nale»b estima que «el Estado es muy débil, por lo que no logra cumplir la ley que está en manos de mafias empresariales».
En el país, desde 2006 se conmemora el 9 de agosto el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual es una fecha en la que organizaciones indígenas se reúnen y analizan sobre los avances en el cumplimiento de sus derechos.
«Este día representa una oportunidad para demandar que los derechos sean retomados en las agendas del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero también una oportunidad ideal para que se den a conocer avances y retos por cumplir», dijo Vilma Sánchez, de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala (Codisra).