La falta de consideración a las resoluciones de las consultas comunitarias se cree, junto con la falta de compensadores sociales y la contaminación, son el principal problema en la implementación de proyectos de explotación minera e hidroeléctricos.
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Al respecto Mario Itzep, del Observatorio Indígena Nacional, manifestó que el Estado se ha negado a respetar las consultas comunitarias como un derecho constituido en el Convenio Internacional 169.
“Se han hecho más de 80 consultas comunitarias en varias comunidades del país, en el marco del Convenio 169 en donde el Estado de Guatemala está obligado a consultar a los pueblos la aprobación de los proyectos en el área rural”, declaró.
El Convenio 169 es un tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y es considerado un instrumento para la protección de los pueblos indígenas. El acuerdo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras, la igualdad de condiciones y la libertad de tomar decisiones sobre aquellos proyectos que les afecten.
Los gobiernos que ratifican el Convenio están legalmente obligados a acatarlo.
Según Itzep el Estado es “sordo” a la demanda de los pueblos indígenas y ha desestimado ese proceder, pues argumentan que este convenio no es vinculante para resolver los conflictos.
“El Estado no reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tampoco reconoce el Convenio 169 como el mecanismo para resolver la conflictividad social que impera en Guatemala”.
Además, menciona que se ha detectado que las empresas mineras financian a los que hoy ocupan cargos públicos y entonces las decisiones responden a intereses particulares y por esta situación se incrementan los niveles de corrupción en el país.
Para Daniel Pascual, del CUC, el problema se debe a que la legislación no se comprende, pues este Convenio que fue ratificado por Guatemala, ha sido incumplido por las autoridades y así se violenta el “derecho del consentimiento libre informado”, que se ejerce a partir de las consultas.
Exige investigación
POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El Movimiento Social de Santa Eulalia, Huehuetenango, solicitará a las autoridades respectivas, que se investigue la muerte del dirigente comunitario Daniel Pedro Mateo, quien desapareció el pasado 7 de abril y fue encontrado muerto hace dos días en un barranco cercano al poblado.
Rigoberto Suárez, vocero de esa comunidad, repudió este hecho de violencia e indicó que no dudan que se trate de un acto con “tintes políticos”, pues Daniel Pedro era una figura pública que luchaba en contra de los proyectos mineros que afectan a la región y exigen a las autoridades dar con los responsables.
“Este es un hecho con móvil político y no de delincuencia común como se pretende hacer creer, pues hay empresas que irrespetan las consultas comunitarias y atentan contra la comunidad”, manifestó.
Asimismo, Suárez indica que exigen a las autoridades competentes actúen y encuentren a los responsables, pues a consideración del vocero se ha abordado con mucha “tibieza” este caso de “impacto social” y no quede en la impunidad.