El Ministerio Público, como entidad estatal encargada de la investigación y la persecución penal, no cuenta con instrumentos capaces de aportar pruebas a los expedientes de genocidio abiertos en el paí­s.

Tal es el caso de las exhumaciones, las cuales a lo largo de la historia han sido practicadas por organizaciones que apoyan al MP, y cuyos informes han aportado pruebas contundentes a los casos de genocidio y crí­menes de lesa humanidad a cargo de la fiscalí­a de Derechos Humanos de esa instancia.

Analistas coinciden en la importancia de las exhumaciones y en la falta de «interés» de parte de la instancia investigadora en indagar más a profundidad sobre esos casos.

Reacciones

Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG) opinó que las exhumaciones conforman una pesquisa fundamental ya que son capaces de «reparar el tejido roto» y «superar las secuelas psicológicas de la guerra cuyos procesos de duelo no fueron cerrados», además de constituirse como pruebas en las investigaciones, indicó.

Sobre la investigación efectuada por el MP, el entrevistado señaló que esa institución «ha dejado de cumplir una función importante en los procesos de búsqueda de los restos y ha abandonado su obligación de investigar los hechos como tal», declaró.

Rodenas agregó que el MP sólo autoriza los peritajes y recibe los informes, «pero no prestan atención al hecho de deducir responsabilidades penales por esos crí­menes, lo cual provoca impunidad», denunció.

Para el analista de la ODHAG, el MP «parece tener miedo de darle continuidad a esos casos», pero fue enfático en indicar que «tienen que asumir las consecuencias porque de lo contrario sólo obstruyen los procesos penales», afirmó.

Lógica del MP

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, organización denunciante del genocidio en el paí­s, calificó de «lamentable» la actitud del MP respecto al seguimiento que debieran dar a ese tipo de pesquisas: «sólo se limitan a gestionar la orden de exhumación a los jueces, pero no les dan seguimiento ni investigan de oficio como les corresponde», declaró.

Morales añadió que «todo el costo que tienen las exhumaciones lo asumen las instituciones y no el MP», y agregó que el «grave problema» es que esa instancia no les da continuidad.

El entrevistado señaló que la lógica de la instancia investigadora no debe circunscribirse a la acción de las exhumaciones sino a la investigación de un hecho criminal, evidenciado con una de esas pesquisas.

Según el jurista, el MP deberí­a: «solicitar que se hagan las exhumaciones, acompañar a la organización a practicarla y asumir los costos ya que es para ellos toda la evidencia que podrí­an utilizar para poder acusar a una persona en particular», manifestó.

Morales coincidió con Rodenas respecto a la «evidente inacción» del MP en los casos de genocidio, y añadió que la función de perseguir penalmente a los posibles responsables de todos esos crí­menes, no ha sido ejercida por esa institución a lo largo de muchos años.