Tras obtener, a través de juicios, sentencias condenatorias en contra de ex funcionarios, el Estado de Guatemala aún no ha recuperado una suma que alcanza los Q65 millones en concepto de resarcimiento al erario nacional.

Autoridades de la Procuradurí­a General de la Nación (PGN) han manifestado su satisfacción por los logros obtenidos a través de los procesos judiciales, que han sentado en el banquillo de los acusados a diversos ex funcionarios que finalmente han sido condenados.

Pese a las sentencias condenatorias obtenidas a través de debates, el Estado de Guatemala aún no recupera la cifra, que podrí­a alcanzar los 65 y 75 millones de quetzales, que cubrirí­an el resarcimiento por el daño causado a través de saqueos o desfalcos a las arcas públicas.

El representante de la PGN, Santos Sajbochol, refiere que hasta hoy se sienten satisfechos porque han logrado que los jueces condenaran al ex gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), César Augusto Sandoval, sentenciado a trece años de prisión y al pago de responsabilidades civiles de Q50 mil.

El funcionario resaltó la importancia del fallo condenatorio obtenido en contra del ex Contralor General de Cuentas de la Nación í“scar Eugenio Dubón Palma, sentenciado a 17 años de prisión y al pago de multa de Q2500 y Q1 millón 300 mil por daños causados al patrimonio nacional.

«Hemos logrado importantes condenas, en las que destaca la del ex gerente del IGSS y la de Jorge Mario Nufio Vela; a este último el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal lo condenó al pago de una multa de Q35 mil y a la cancelación de Q12 millones en concepto de responsabilidades civiles, que serí­a lo que corresponde entregar al Seguro Social», expresa Sajbochol.

Sajbochol menciona que la PGN espera que los procesos judiciales en los que se han obtenido sentencias condenatorias y pago de responsabilidades civiles queden firmes, para que las entidades estatales como el IGSS logren recuperar el dinero que han perdido y dejado de percibir tras acciones al margen de la ley efectuadas por ex funcionarios.

Para el próximo año, el Tribunal Quinto de Sentencia penal ha programado iniciar el juicio oral y público en contra de Marco Tulio Abadí­o Molina y su hijo Junior Abadí­o, por la defraudación a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.

En otro de los casos que se tramita en contra de ex funcionarios públicos, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal también tiene pendiente la fecha para el juicio en contra del ex ministro de Gobernación Byron Humberto Barrientos, diligencia que se ha suspendido en tres ocasiones.

También en los tribunales de justicia se ventila el proceso judicial en contra de dos militares y un civil que se supone habrí­an participado en el desfalco al desaparecido Estado Mayor Presidencial, EMP, Marvin Morales Dí­az, William Avidán Arana Barrera y el particular Carlos Funes Toledo, quienes se encuentran tras las rejas de la cárcel a la espera que se fije fecha para el juicio en su contra.

Los hermanos Arturo Ignacio y Josué Vinicio Salam Sánchez, también están a la espera que luego de varios años de permanecer en prisión se aclare su situación jurí­dica luego de ser señalados por el Ministerio Público y la Procuradurí­a General de la Nación de supuestos actos al margen de la ley en contra del Estado de Guatemala.

Según los representantes del Ministerio Público, encargado de la persecución penal y de la PGN, que actúa como representante del Estado, esperan que el próximo año se agilicen los procesos judiciales para poder dar cumplimiento a la ley y el dinero que se logre recuperar entregarlo a las instituciones que correspondan.