Aunque parezca extraño, tras cometer un asesinato, un sicario se convierte en posible ví­ctima de quien lo contrató para perpetrar un delito, debido a que el autor intelectual prefiere «desaparecerlo», antes de que éste lo delate.

Según el Sistema de Información Policial (SIP) existe un alto grado de posibilidad de que un asesino a sueldo se convierta en una «ví­ctima» de quien lo contrató para quitarle la vida a otra persona, principalmente cuando éste es capturado o está a punto de revelar a quien contrató sus «servicios».

El SIP señala que en varias ocasiones se han encontrado con la «mala noticia» de que el autor material de una muerte fue asesinado por quien lo envió a perpetrar ese hecho, para que calle información de la estructura criminal a la que pertenece o no revele la identidad del autor intelectual.

En esto coincide un investigador policial de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quien relata que esto ha sucedido en el caso de las muertes de pilotos.

«Hemos capturado a varios asesinos de pilotos, algunos no hablan porque temen ser asesinados, pero los que sí­ hablaron aparecieron muertos dí­as después, cuando salieron libres por falta de pruebas», refiere la fuente.

El investigador dice que no deja de sorprenderse cuando recibe la llamada sobre la muerte del sicario que informó «un poco» de lo que sabí­a, pues ni siquiera reveló todo y aún así­ le costó la vida.

«Es difí­cil identificar al verdadero autor intelectual del asesinato de una persona o un gremio en especí­fico, porque se sabe que varios de los crí­menes se planifican desde la cárcel, pero después de esto, se desconoce quién dirige a la gente que se encuentra en prisión», indica.

PROBLEMA

Las fuerzas de seguridad indican que la proliferación de bandas de sicariato se ha agudizado en los últimos años, mientras que lo más preocupante es la participación de jóvenes y niños.

Según Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), el problema se agudiza porque aunque ya existe una ley que regula el uso ilegal de armas de fuego, aún no existe una polí­tica de rastreo de tráfico ilí­cito, pues se ha llegado al punto de que estos artefactos se alquilan y se venden fácilmente para quitarle la vida a una persona.

Por su parte, la Policí­a Nacional Civil (PNC) dice que las zonas 3, 18 y 6 son algunos de los puntos donde existe mayor número de bandas de sicarios, sin embargo, la situación preocupa porque en el caso de esta última ubicación, el flagelo parece extenderse incontrolablemente.

De acuerdo con las fuentes, se conoce de bandas que asesinan a los propietarios de negocios para quedarse con sus bienes, pero no pueden actuar por falta de una investigación argumentada, ya que carecen de testigos.

«Una banda de sicarios asesinó al dueño de una empresa de cable en la zona 6, ahora ellos son los dueños del negocio y cobran ese servicio a los vecinos, que no quieren presentar sus denuncias porque les tienen miedo», indica la fuente.

Se cree que un sicario puede cobrar por sus servicios de Q50 hasta Q100 mil, dependiendo de quién será la ví­ctima; cuando se trata de una cuota grande, los autores intelectuales pagan al sicario una parte del dinero antes y la otra después del crimen, tras verificar que «el trabajo salga bien».

La fuerza policial admite que aunque se hacen esfuerzos por contrarrestar el problema, aún no existe una polí­tica de prevención para evitar que más personas se involucren en estos crí­menes.

PARTICIPACIí“N DE SICARIOS

En enero pasado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló la conclusión de las pesquisas efectuadas en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo de 2009, quien tras su muerte dejó un video donde acusaba al presidente ílvaro Colom, su esposa Sandra Torres y al secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos.

No obstante, al concluir las investigaciones, se conoció sobre una banda de sicarios que fue contratada por los hermanos Francisco y José Estuardo Valdés Paiz, para asesinar al jurista, pues éstos creyeron que se tratarí­a de la ejecución de un supuesto extorsionista.

Actualmente los hermanos Valdés Paiz se encuentran prófugos de la justicia por este crimen.

En otro hecho, en febrero de 2007, cuatro policí­as de la entonces División de Investigación Criminal (DINC) fueron capturados y enviados a la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa, sindicados por la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto.

Dí­as después de su detención, los miembros de la institución policí­aca fueron asesinados en dicha prisión. Se cree que fueron asesinados para evitar que revelaran de quién recibieron la orden para cometer el crimen.

Por ese hecho también fue detenido el ex diputado Manuel Castillo, a quien sindican por su participación intelectual en el asesinato.