El proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al parecer, continuará detenido por mucho más tiempo. Según se informó esta mañana, la comisión de postulación no tiene quórum para reunirse, pues solamente se conocen cinco nombres de los doce comisionados que tienen que integrar la comisión de postulación.

A pesar de la presión que han generado varios grupos sociales para que se inhiban los doce comisionados que eligieron al Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume, quien fue sustituido luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Todaví­a permanecen firmes en la decisión de continuar: í“scar Cruz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), y í‰rick ílvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también preside la comisión; además, hasta el momento, solo tres universidades de las nueve que integran la comisión, han nombrado a su representante.

La Universidad Rafael Landí­var designó a Pablo Gerardo Garcí­a en sustitución de Hugo Rolando Escobar; la San Pablo delegó a Mario Archila, en lugar de Juan Dí­az, y la Mesoamericana escogió a Jorge Calderón, quien reemplazará a íngel Barrios.

Pero también falta nombrar al sustituto de Artemio Tánchez, presidente del Tribunal de Honor de ese gremio, quien se inhibió y en su lugar habí­a sido nombrada Mirna Valenzuela, pero desistió por problemas de salud.

Entonces de los doce comisionados que tendrí­an que conformar la comisión de postulación, solamente cinco están confirmados, por lo tanto no se podrí­a hacer la convocatoria para continuar el proceso.

El presidente de la comisión, por medio de Danira Otten, vocera de la Corte Suprema de Justicia, explicó que por la falta de profesionales nombrados para integrar la comisión, no se podrí­a convocar y por lo tanto la continuidad del proceso depende de las instituciones para nombrar a sus representantes y notificarlo.

PREOCUPACIí“N

Los miembros de la Sociedad Civil, quienes acompañan el proceso de elección para que pueda desarrollarse sin vicios, mostraron su preocupación respecto al retraso que el nombramiento del Fiscal General conlleva.

Carmen Aí­da Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, critica a las universidades porque no han agilizado el proceso para nombrar a los decanos que van integrar a la comisión de postulación.

Mientras tanto en el Ministerio Público hay problemas para tomar decisiones a mediano y largo plazo. Ibarra analiza que con el trabajo de la fiscal interina, Marí­a Encarnación, la institución sigue funcionando, pero hay aspectos que causan expectativa e inestabilidad.