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Joel Castro, el único que se animó a dar su nombre, aún siente rabia al saber que durante los próximos años tendrá que pagar una cuantiosa deuda que adquirió para irse de mojado a Estados Unidos y que no logró pagarla desde allá porque fue capturado en Arizona y devuelto como si fuese un criminal: engrilletado.
Los otros dos entrevistados, quizá con historias no muy distintas a las de Joel, volvieron a su pueblo en San Marcos, con una mochila con únicamente ropa sucia, algunos caramelos que compraron en México, pesos y mucha tristeza. Ambos cayeron en Tijuana y fueron devueltos al país sin siquiera ver tierras estadounidenses.
Los marquenses también fueron engañados por coyotes y, si bien la deuda no supera los 15 mil quetzales por cada uno, si su situación financiera es de por sí precaria, una deuda de esta magnitud se transforma en una cruz para ellos.
Tres historias que son como una pequeña muestra de cómo la inmigración se ha convertido en uno de los negocios, a pesar de la crisis, más rentables para Guatemala. Un negocio que se condimenta con la indiferencia y la incapacidad gubernamental para brindar a su población oportunidades que los alejen del pensamiento de huir.
«No tenemos ni el mínimo de dignidad para vivir aquí», resalta Castro. A sus 35 años, asegura haberle visto la cara a la miseria, y no solo eso, vivir con ella. En Huehuetenango, son decenas de personas que parten diariamente hacia el sueño americano, pocos logran establecerse en Estados Unidos, los demás son reincidentes.
Lo que lamenta Castro es que en Guatemala no haya oportunidades para trabajar por una remuneración que satisfaga sus necesidades básicas y que sostenga a su familia sin complicaciones.
Por eso, se dan casos que hasta poblaciones enteras busquen en el extranjero, especialmente, Estados Unidos, esas fuentes de empleo que no existen en Guatemala.
«Mire, yo quiero mucho a Guatemala, pero el querer no me da de comer», dice en forma sarcástica uno de los marquenses, quien relata la forma en que tuvo que empeñar un terreno en Tacaná para aventurarse por el sendero mexicano.
El entrevistado fue deportado hace tres semanas, aún no sale del sentimiento de humillación, sin embargo, un pensamiento ronda en su mente: volverlo a intentar, sobretodo por verse desprotegido en este país y sin oportunidades.
«Sabe algo, -interrumpe el otro marquense-, lo más indignante es que el Gobierno se haga de la vista gorda y sólo se preocupe porque bajen o suban las remesas sin ver el verdadero drama humano», su análisis es serio y experimental, pues suma ya dos veces intentando llegar a California, ninguna sin éxito.
SITUACIí“N
Los tres entrevistados forman parte de todo un drama humano que diariamente sufren los indocumentados. No hay estadísticas aún que confirmen el flujo de personas que abandonan sus casas por jugarse la vida para alcanzar un sueño cada vez más incierto, lejos de sus pueblos, sin embargo, organizaciones como la Pastoral de Movilidad Humana, dan fe que al menos 100 personas aspiran todos los días alcanzar ese sueño.
Y, dada la ausencia de una política sólida que proteja a los inmigrantes, o en su defecto, que impida que la gente huya por necesidad, este clima presiona a las poblaciones rurales a buscarse la vida en otra parte.
Para la Procuraduría de los Derechos Humanos ha dicho en múltiples ocasiones la urgente necesidad de darle vida a un marco legal que contenga mecanismos de protección tanto para los guatemaltecos que se encuentran aquí o los que estén en busca de llegar a Estados Unidos, o de vuelta a sus naciones de origen tras su deportación.
En todo este clima, hay un silencio oficial con respecto a los riesgos de emprender el viaje en determinadas épocas del año, extremo que permite que muchos mueran en el desierto al intentar cruzarlo entre los meses de marzo y agosto, los más calurosos.