Lamentablemente no podemos compartir el optimismo del Presidente de la República y del Presidente del Congreso respecto a la aprobación de la Ley de Armas y Municiones porque está totalmente demostrado que existen oscuros pero muy poderosos intereses en contra de la implementación de una más eficiente y restrictiva norma que regule el derecho a la tenencia y portación de armas de fuego.
Entendemos que en medio del clima de inseguridad que campea en el país, los ciudadanos entienden que no pueden confiar su defensa a las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, son muchos los que prefieren armarse para estar preparados en caso de algún ataque. De hecho hemos visto cómo en los mismos buses del transporte urbano y extraurbano, pasajeros armados han repelido a los asaltantes y matado a algunos de ellos en medio del beneplácito tanto de otros pasajeros como de buena parte de la ciudadanía que aplaude esa forma de defenderse de los criminales.
El argumento de que los delincuentes no registran sus armas se desmorona cuando se investiga y se confirma que hasta miembros de poderosos cárteles han seguido el trámite para la obtención de licencias y así portar su armamento. Que ese registro no sirva para judicializar los casos en los que se puede recuperar la ojiva de las balas es otra cosa, puesto que se trata de una combinación de deficiencias en el Departamento de Control de Armas y Municiones, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Ya dijimos que el tema de fondo está ligado al interés de los comerciantes de armas y municiones que quieren mantener abierto el negocio para vender sin límite las balas y el que existe por impedir que Gobernación asuma el control del Decam. A ello se suma el interés de los grupos del crimen organizado que están librando sus batallas para oponerse a toda ley que apunte al combate de la impunidad porque saben que la misma es el caldo de cultivo para la prosperidad de su ilícito negocio.
ílvaro Colom y Roberto Alejos expresaron ayer su confianza en que se aprobará la ley, pero basta que los Unionistas mantengan su postura de exigir votación nominal en la aprobación por artículos de la iniciativa para que la misma se entrampe de forma tal que sea imposible su aprobación. Una bancada tiene la sartén por el mango y puede impedir que se logre la aprobación de una ley que ha recibido consenso del resto de bancadas (a lo mejor del diente al labio) y por ello es que habrá que regular el ejercicio de la votación nominal porque la misma puede convertirse en un candado para torpedear cualquier ley de importancia para el país.