Hace varios meses principié a señalar el terrible efecto que sobre las finanzas públicas tiene el comportamiento irresponsable de funcionarios que suscriben pactos colectivos de condiciones de trabajo con tablas de aumentos escalonados, que terminarán llevando al Estado a una situación de insolvencia porque no hay forma de que los ingresos ordinarios puedan crecer al ritmo que sube el gasto para el pago de sueldos.

Ayer el CIEN, grupo de análisis conservador, publicó un extenso trabajo en el que demuestra hasta qué punto es irresponsable esa actitud y lo hace con cifras que evidencian que no podremos cubrir los compromisos que adquieren esos funcionarios públicos en componenda politiquera con una dirigencia sindical igualmente irresponsable.
 
 Yo siempre he defendido los derechos laborales y nunca he sido enemigo del sindicalismo. Creo en la negociación colectiva como instrumento para asegurar mejoras para los trabajadores, pero entiendo que en el sector privado ningún dueño de empresa o negocio va a firmar pactos que lo lleve a la quiebra y tampoco un sindicato del sector privado hará exigencias irracionales porque nadie quiere acabar con la fuente de trabajo. El problema es que en la negociación colectiva con funcionarios públicos se trata con irresponsables que no ven más allá de los escasos años que dura su función y que asumen compromisos que obligan al Estado para siempre.
 
 Como es tesis generalmente aceptada que el Estado no puede quebrar, le zampan condiciones que jamás podrían aplicarse en ninguna negociación colectiva entre trabajadores y empresarios en el sector privado. Qué empresa puede funcionar con obligación de aumentar mínimo el 10% anual a sus trabajadores además de otras prestaciones que elevan el valor del aporte del trabajo. Pues resulta que hemos visto que en Europa, por ejemplo, por muy sagradas que sean las condiciones laborales, la crisis ha obligado a reducir ventajas que se habían obtenido también de manera irresponsable; y no sólo los trabajadores que habían gozado de beneficios irracionales vieron la reducción de sus beneficios, sino todos los trabajadores en general porque a la hora de los recortes se agarra parejo.
 
 El sindicalismo tiene doble sentido en su función, porque no sólo es para mejorar las condiciones del trabajador, sino para mejorarle integralmente, lo cual significa mejorar su aptitud y rendimiento para elevar su nivel en todo sentido. Pero en el sector público no hay nada de eso y por ello vemos que mientras los dirigentes sindicales se embolsan millones en la negociación colectiva, el trabajador recibe su aumento sin verse obligado a retribuir al ciudadano con un mejor servicio. En educación y salud se puede ver en forma patética que estamos pagando más por menos, porque cada día decrece la calidad del servicio no obstante que aumenta la planilla por los acuerdos politiqueros entre funcionarios corruptos y sindicalistas que se ponen al servicio del oficialismo a cambio del negocio.
 
 La dignificación del trabajador pasa por mejoras salariales, pero también por elevar su capacidad y profesionalización. Cada día tenemos peores escuelas públicas y hospitales con peores servicios, donde roba el de arriba y el de abajo. Eso no es dignificar al trabajador por más que los sueldos suban. En cambio, eso sí que nos puede llevar al colapso financiero.