Tan acostumbrados que nos tienen a pensar que contra la impunidad no puede hacerse nada, en Guatemala nos sorprenderí­a que, como en Argentina, se esclarecieran y juzgaran los crí­menes de lesa humanidad cometidos por militares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de la polí­tica de contrainsurgencia, durante el conflicto armado interno.

Argentina nos da un ejemplo de cómo la justicia también tiene memoria: luego de 34 años, el golpista Jorge Videla fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 31 presos polí­ticos y por la tortura de seis personas más. Por los mismos crí­menes, el comandante Luciano Menéndez y otros 21 policí­as y militares también recibieron la condena de varios años de prisión que deberán cumplir en la cárcel.

El desenlace de este masivo juicio es el resultado de un trabajo arduo que han encabezado organizaciones sociales y fuerzas polí­ticas argentinas que están convencidas que para la construcción de una verdadera democracia, la impunidad no tiene cabida; sólo puede escogerse uno de los dos caminos.

Argentina, al igual que Guatemala, se enfrentó durante las últimas décadas a un posicionamiento oficial de silencio y olvido. Desde la institucionalidad del Estado se pretendió que militares y policí­as responsables por la desaparición y el asesinato de alrededor de 30 mil personas se cobijaran con el manto de la impunidad. Pero esto ha llegado a su fin.

Serí­a bueno que esos vientos de justicia que soplan en el Sur llegaran hasta nuestro paí­s. A pesar que estamos próximos a cumplir 14 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, la mayor parte de los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno se encuentran en la impunidad.

Existe un discurso oficial que pretende provocarnos amnesia. A nosotros, jóvenes que apenas y pasábamos los diez años cuando se concretó la negociación de la paz entre la guerrilla y el Ejército, se nos juzga y regaña si pretendemos escarbar en nuestra historia inmediata para exigir que se esclarezcan las responsabilidades de tantos hombres y mujeres que fueron ví­ctimas del terror.

Sin embargo, el discurso del olvido ha mostrado tener sus primeras grietas. Un ejemplo de ello, es que el pasado 28 de noviembre el Juzgado Octavo de Sentencia dictaminó que los ex policí­as Héctor Roderico Ramí­rez Rí­os y Abraham Lancerio Gómez son responsables del crimen de desaparición forzada. En febrero de 1984 fueron los encargados de secuestrar y desaparecer al sindicalista Fernando Garcí­a. Por la realización de este crimen de lesa humanidad, los acusados fueron condenados a 40 años de cárcel. Este es el tercer caso que se resuelve en nuestro paí­s por el mismo crimen.

Tres sentencias condenatorias parecen í­nfimas frente a las 45 mil personas que desaparecieron, según la investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), por las fuerzas represivas del Estado, cuando éste se encontraba en manos de férreas dictaduras militares. Sin embargo, aunque parezcan pequeños pasos, el sí­mbolo es enorme, tanto, que llena de esperanza a familiares y amigos de los desaparecidos en su lucha por la verdad.

El paso de Argentina es muy grande frente a los pequeños que se han dado en Guatemala. Pero cuando se ha esclarecido al menos una pequeña parte de los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno, no se puede sentir nada más que un poquito de satisfacción.

No cabe duda que para luchar contra la impunidad por los crí­menes cometidos en la actualidad, es imprescindible esclarecer los del pasado. No se trata de venganza, sino del legí­timo derecho de alcanzar la justicia y, con ella, la democracia.