La patética situación de los presidios del país viene a convertirse en algo que podemos comparar con la guinda en el pastel de la impunidad, puesto que además de que el sistema de justicia no funciona y la inmensa mayoría de los crímenes no llegan a ser juzgados, resulta que la ínfima proporción de los que permiten la detención de algún sindicado sirven para enviar más gente a un régimen carcelario que es motivo de vergí¼enza y cuya muestra más terrible se dio con el traslado de los pandilleros que tomaron rehenes para forzar a las autoridades.
Se sabe que desde las cárceles salen las llamadas telefónicas para extorsionar a los guatemaltecos de la más variada condición social y que en esos centros de detención se planifican crímenes de todo tipo y gravedad porque las autoridades no tienen control de los presidios y, en realidad, son los reclusos los que imponen su ley. Sucesivamente todos los que han dirigido el sistema carcelario ofrecen declaraciones sobre la corrupción tremenda que prevalece y la «incapacidad» para poner orden. De suerte que estamos fritos, porque además de que más del 90 por ciento de los crímenes no se investigan y el 99 por ciento no llegan a producir una sentencia, en los pocos casos en los que se logra enviar a la cárcel a delincuentes lo que estamos haciendo es reuniéndolos para que gocen de la infraestructura criminal que se da en nuestros centros de detención para que continúen cometiendo sus fechorías y administrando a distancia a pandillas que le hacen la vida imposible a los guatemaltecos. El ideal del derecho penal moderno, en el sentido de que las prisiones sirvan para rehabilitar a los delincuentes, resulta imposible de alcanzar en un medio en el que al hacinamiento se suma esa perfidia de entregarles a los reclusos todo el poder para que desde adentro de las cárceles hagan lo que les viene en gana. Desde la realización de un comercio sexual con menores de edad que es conocido por las autoridades que se hacen de la vista gorda, hasta el consumo de drogas y licores, además de esa tremenda facilidad para que puedan establecerse asociaciones con el fin exclusivo de delinquir. Todo ello explica nuestra gravísima situación en materia de seguridad, puesto que ni hay capacidad para prevenir el delito y proteger a los ciudadanos, ni la hay para investigar los crímenes y aplicar las penas contempladas en la Ley a los delincuentes, ni se puede controlar a los reclusos que por milagro caen en las redes del sistema penal guatemalteco. La fragilidad el Estado queda de manifiesto con esas graves y mortales carencias.