Bacilio Santiago Cano Tib, por medio de un procedimiento abreviado conocido por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, resolvió su situación jurídica sobre uno de los pocos casos de crímenes ambientales que se conocen en las salas de justicia del país.
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El acusado fue aprehendido el 8 de diciembre de 2005 mientras conducía un vehículo que transportaba un aproximado de dos mil 900 ramillas de pinabete. La captura se dio frente a los campos del Roosevelt en la zona 11 y fue procesado por el delito de tráfico ilegal de flora y fauna.
El artículo 82 de la Ley de íreas Protegidas, indica que el anterior delito «será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de diez mil a veinte mil quetzales para quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción».
Los miembros del Tribunal Décimo resolvieron otorgar un criterio de oportunidad al sindicado, el cual implica tres condiciones: la reforestación de un área de media hectárea durante cinco años, el servicio comunitario durante un año en Quetzaltenango y el apoyo a la campaña publicitaria del pinabete durante el año en curso.
Yuri Melini, del Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), consideró razonable el criterio otorgado por los jueces ya que «en el caso de delitos contra el ambiente se busca una acción compensatoria y se logra más corregir con acciones preventivas que con prisión», resaltó.
El experto ambientalista añadió que existen varios delitos contra el ambiente pero que no existe cultura de denuncia. «La ciudadanía no considera que los delitos ambientales tienen alto impacto. No tienen conciencia del crimen y tampoco del daño ambiental», subrayó.
Pero la falta de denuncia no es el único inconveniente, el representante de CALAS dijo también que las investigaciones en los pocos casos que se denuncian no avanzan lo suficiente en el Ministerio Público. Lo anterior, según CALAS, se debe a que para litigar en un caso de crimen ambiental se necesitan pruebas científicas, las cuales tienen altos costos en laboratorios y en el país no se ha invertido en esos procesos.