Aproximadamente a las cinco de la mañana del 11 de noviembre de 2005, Maribel Marroquín colocó en un recipiente plástico algunos alimentos para el almuerzo de su esposo Mario Pop Maquín; su hijita, de apenas tres años, no pudo despedir a su padre cuando partía hacia el trabajo, puesto que aún dormía en aquella hora.
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A pocos metros de aquella casa, Julio Santiago Vásquez Ordóñez se preparaba para salir hacia su trabajo; este se hacía acompañar de Mario Pop, su compañero de labores. Ambos se ocupaban como guardarrecursos de la estación biológica de campo de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la cual se ubica en las faldas del volcán de Atitlán, en jurisdicción de Suchitepéquez. Ni Pop Maquín ni Vásquez Ordóñez regresaron esa noche a casa.
Los vecinos de la comunidad organizaron una búsqueda por el sector para dar con el paradero de los dos guardarrecursos, no obstante los esfuerzos fueron en vano. La angustia de Maribel crecía a cada instante.
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) de Guatemala se pronunció ante este hecho y presentó la denuncia al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), no obstante la respuesta no fue satisfactoria y los trabajadores de la UVG continúan, hasta hoy, desaparecidos.
La desesperación de la esposa de Maquín crecía ante este hecho, pues no podía comprender cómo su conviviente podía desaparecer sin razón aparente y sin dejar rastro alguno.
El caso lo conoció la sección de derechos humanos de la fiscalía de Mazatenango; no obstante, debido a la escasez de avances en la investigación, se solicitó, a través del CALAS, un proceso de exhibición personal con el propósito de trasladar la investigación del MP al Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Esta se realizó el pasado 16 de febrero de 2007 (un año y tres meses después de la desaparición), en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados resolvieron otorgar un procedimiento especial de averiguación al PDH para este caso, el cual tuvo un plazo de 3 meses.
Al respecto, el doctor Yuri Melini, director del CALAS, se mostró completamente satisfecho, puesto que la figura legal del procedimiento especial de averiguación únicamente se había utilizado en el caso de desaparecidos durante el período del conflicto armado interno; esta era la primera vez, después de la firma de la paz en el país, que se otorgaba esta figura legal para desaparecidos recientes.
«Con esto se logró que la institución del Procurador hiciera lo que el MP no hizo», enfatizó Melini.
La investigación
Estas desapariciones son indagadas por el licenciado Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, consultor de Averiguaciones Especiales del PDH.
Este indicó que en los tres meses de plazo (los cuales vencen hoy), se han recopilado pruebas testimoniales e información bancaria, así también recientemente se realizó una búsqueda física de Pop Maquín y Vásquez Ordóñez; en esta diligencia participaron entidades como Bomberos Municipales, Policía Nacional Civil (PNC) y el Consejo Nacional de íreas Protegidas (CONAP).
El ente a cargo de la investigación ha encaminado esta en establecer la existencia de grupos armados que operan por el sector en donde laboraba Pop y Vásquez.
El licenciado Javier Monterroso Castillo, miembro de la organización de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en Temas de Seguridad (FOSS), opinó que la desaparición de los dos guardarrecursos representa la ineficiencia del Estado, tanto para proteger la vida de los ciudadanos como la incapacidad para realizar una investigación criminal adecuada.
«La responsabilidad en estos casos no sólo recae en el Ministerio de Gobernación sino también en el MP, quien se ha mostrado incapaz en todos los casos», subrayó Monterroso.
Según el FOSS, las investigaciones de casos de delitos contra la vida sólo alcanzan un dos por ciento de efectividad, así también no existe ninguna garantía de investigación en casos más complejos como los son las desapariciones forzadas.
Estos asuntos parecieran no tener la misma naturaleza política de los ejecutados durante el conflicto armado. Al respecto, Monterroso reiteró que existen vínculos con el crimen organizado, el cual «se ha convertido en un poder superior al poder del Estado»
Zeissig indicó que en los próximos días presentarán un informe a la CSJ, y al mismo tiempo solicitarán un nuevo plazo para continuar con la investigación.
Maribel, por su parte, aún contempla aquel horizonte boscoso, con la esperanza de encontrar a la persona con quien creyó se quedaría para siempre. La niña ha crecido y pregunta por su padre.