La moral es una virtud que muchos aprecian, aunque su valoración es muy subjetiva; se delimitan como conductas sociales correctas aquellas que cumplen con la expectativa de la persona, según su condición o servicio que prestan; por ello, ante una sociedad es indispensable que el servicio público cumpla con los requerimientos de a quienes sirve (el pueblo), y que en este momento reclama honestidad, transparencia, liderazgo y solidaridad.

Pero cuando los cuestionamientos de la ilegalidad, corrupción e indiferencia se vinculan al servicio público, la indignación social recurre al estándar  deseado, y entiende que hay varios amorales y otros inmorales que no deberían estar recibiendo pago derivado de lo que representan sus impuestos.    Es más, no es sólo el estipendio mensual que  reciben, sino además de ello, no se les debería dar licencia, puesto o derecho a manejar, administrar o invertir el dinero de todos.    Más allá de los controles administrativos y judiciales, que para estos días son poco confiables, el ciudadano común los juzga con severidad basados en principios y conductas propias de la sociedad, y por ende los tacha de inmorales.

La conclusión inequívoca de esta percepción moralista, es un proceso de desconfianza en las instituciones públicas y en los sistemas políticos, empezando por el electoral.  Así, las masas descalifican a quienes eligen y a quienes les gobiernan, precisamente porque su ejercicio de poder no es conteste con su conducta social, ergo: moral.  El círculo negativo se empodera entonces de la sociedad y sus supuestos “líderes”, quienes se ubican en posiciones estratégicas para administrar justicia, ejecutar procesos o legislar, entre otras múltiples actividades como la gestión municipal o las entidades autónomas. 

Para aumentar más la pena del país, durante años en lo que duró que el sistema se  convirtiera en perverso, los gobernantes han dejado de preocuparse por los otros sistemas sustantivos indispensables para el futuro, como la educación, la ciudadanía, la justicia, la seguridad social y los derechos humanos.  Así entonces, la familia y la base de la sociedad ha quedado relegada a sufrir la pobreza y la inseguridad.

El resultado entonces, a la vista, es un Estado disfuncional desde sus propios cimientos, y como tal, imposibilitado de generar una respuesta favorable en un corto tiempo, al atacar primariamente los procesos y los programas, pero sin la fortaleza o profundidad para cambiar sus sistemas.   Porque los sistemas requieren, primariamente moralidad, algo que para los actuales líderes públicos y políticos les es difícil de comprender, o son fácilmente contaminados por otro tipo de principios, que finalmente les condenan a mantener el statu quo y a ser parte de ese círculo vicioso.
 
Mientras existan líderes en ejercicio de poder o bien con expectativas de alcanzarlo, cuya moralidad sea cuestionada o cuyos principios sean permisibles a corromperse, el círculo vicioso seguirá ganando; y por ello, es imperativo retomar el control político y el ejercicio democrático, con líderes fuertes y con alta moralidad, para que durante el transcurso de generaciones, se alcance la estabilidad social, tan largamente esperada.