La gente de antes solía decir que quien está limpio, ni de jabón necesita y eso se aplica a quienes manejan fondos que se obtienen de contribuciones públicas realizadas tanto en el país como en el extranjero. Nuestra Constitución establece que es obligación, no simple facultad, de la Contraloría de Cuentas fiscalizar los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario no sólo de los organismos del Estado, de los municipios, de entidades descentralizadas y autónomas y de cualquier persona que reciba fondos del Estado, sino también de quienes hagan colectas públicas.

Lamentablemente, a la secular y tradicional incapacidad de la Contraloría de Cuentas se suma también que algunas instituciones filantrópicas se resisten a dar información amparados en tratados internacionales que les protegen por su condición de diplomáticos, pero cuando hay transparencia y buen uso de los recursos, no hace falta recurrir a escudos de inmunidad para evitar la fiscalización.
 
Si constitucionalmente se obliga a que sea fiscalizada cualquier persona que haga colectas públicas, aunque sea con fines benéficos, no vemos la razón por la cual instituciones que gozan del privilegio de la inmunidad diplomática se niegan a informar con absoluta claridad de qué destino tienen las contribuciones que se canalizan por su medio. Suficiente beneficio es gozar de exoneraciones fiscales que no se aplican únicamente a las cuestiones directamente relacionadas con la labor filantrópica sino que benefician actividades personales de los “diplomáticos” a cargo de las entidades, como ocurre con el peculiar caso, digno de un verdadero estudio de derecho internacional, de la Orden de Malta que funciona como embajada de un país que no tiene territorio ni cumple con las características esenciales fijadas por la Teoría General del Estado.
 
 Si se debe fiscalizar a perico de los palotes que decide hacer colectas públicas, por mandato de la Constitución, no hay razón para que contribuciones de varios millones se manejen sin rendición de cuentas. No es que se esté dudando ni haciendo señalamientos concretos contra nadie, sino simplemente la realidad de que quien está limpio ni de jabón necesita y la mejor muestra de cuán bien se hacen las cosas es esa disposición a ser transparente.
 
 Las entidades benéficas que realizan colectas de fondos o que los reciben del extranjero, tendrían por naturaleza y cuidando su propio prestigio, rendir cuentas de cada centavo que reciben. Sobre todo si los dineros se usan bien, no hay razón para escamotear la información.
 
 Recolectar fondos, sea con fines benéficos o con cualquier otro propósito, demanda una contrapartida de transparencia y los constituyentes no lo pasaron por alto.
 

Minutero
Quien dude que la Contraloría
es una real porquería
que vea la corrupción
imperante en esta nación