Sin Fiscal General


El Presidente de la República se fue a España sin nombrar al Fiscal General y en forma interina el Consejo del Ministerio Público nombró a la abogada Marí­a Encarnación Mejí­a para desempeñar el cargo mientras se concreta la designación que por Ley tiene que hacer el ingeniero Colom. Voceros de la Presidencia dijeron que no quiso precipitar una decisión tan importante y que cumpliendo los plazos luego de los amparos que detuvieron el proceso por varios dí­as, a su vuelta del viaje hará pública su decisión sobre el particular.


Tiempo aún, entonces, para recordarle al Presidente de la República la enorme y crucial importancia que tiene la decisión que deberá tomar, sea porque nombre a uno de los seis candidatos o porque en un arranque de patriotismo devuelva la lista a postuladores que han dejado a la población con un muy mal sabor de boca. Lo cierto del caso es que al final y ante la Historia, será el ingeniero ílvaro Colom Caballeros quien tendrá la responsabilidad de haber nombrado a quien tenga que desempeñarse como Fiscal General en los próximos cuatro años. Nadie se acordará de los postuladores y del papel que jugaron ni de la forma en que se conformó la lista. Hoy mismo nadie se acuerda cómo fue el proceso de selección en el que se escogió a los anteriores titulares del Ministerio Público, sino nos queda el recuerdo de que fueron designados por tal o cual Presidente. Decimos lo anterior porque es de enorme importancia que el presidente Colom asuma de manera total y plena su responsabilidad porque lo que se haga o deje de hacer en términos de combate a la impunidad a partir de la investidura del nuevo Fiscal será resultado de su decisión. Y obviamente nada es tan importante y crucial para el futuro del paí­s como el que podamos disponer de un Fiscal General que sea no sólo independiente de los poderes ocultos, sino entero y valiente para cumplir con su función de iniciar la construcción de un real Estado de Derecho a partir de la correcta administración de la justicia. Si el próximo fiscal apaña y protege a sectores del crimen organizado y no actúa con estricto apego a la Ley para darle vida a la obligación de ejercitar la acción penal como corresponde, tendrá él mismo una gran culpa, pero en el fondo la responsabilidad histórica será de quien haga el nombramiento. Y lo mismo, si cumple y hace bien las cosas, habrá que reconocerle al mandatario su acierto y sano juicio para designar a un profesional valiente, probo y competente.