En todo caso, lo importante ahora es que no queda pretexto ni lugar para excusa en el esfuerzo por depurar la Policí­a Nacional Civil que, como he dicho hasta el cansancio, se ha convertido en un instrumento de inseguridad ciudadana más que en una fuerza que nos ofrezca mí­nimas garantí­as. Yo sigo pensando que parte esencial del problema está en que nunca se quiso entender que los seres humanos, a diferencia del aluminio u otros productos, no puede ser reciclado porque las mañas y los vicios que han marcado toda una vida profesional no se abandonan por un barniz de instrucción recibido en una academia poco efectiva.

Corregir los problemas de la PNC no será fácil para nadie porque existe un serio problema estructural que afecta no sólo a los agentes, sino que a todos los mandos que han sido parte de la corruptela. Y es que la forma en que funciona la cosa es mediante una estricta observancia de la cadena de mando y el policí­a que recibe una mordida o que extorsiona a una persona, para conservar su puesto tiene que llenar cierta cuota que llega a sus jefes. Así­ ha sido siempre, desde los tiempos de la vieja Policí­a Nacional, cuando el agente se veí­a obligado a cubrir la cuota establecida para mantener contentos a sus jefes. Y mientras más aportara, a mejores puestos (en términos de oportunidades para corruptela) se le iba enviando porque de esa forma el jefe se aseguraba mayor cantidad de ingresos.

Al problema de la corrupción, de por sí­ grave y tenebroso, hay que sumar el otro que la Ministra se niega a reconocer y que es una realidad que pega gritos. Y estoy hablando de la limpieza social, cuestión que si aún estaba en duda quedó totalmente explicitada por el crimen de los diputados del Parlamento Centroamericano. Creo que el Procurador de los Derechos Humanos le aportó recientemente a doña Adela de Torrebiarte toda la información que posee sobre el tema y bien harí­a la ministra en leer los informes de los observadores internacionales que han emitido informes al respecto. Por supuesto que si la actitud suya, como fue la del Presidente, es la de pedir que presenten pruebas ante las autoridades judiciales o del Ministerio Público, estamos fritos porque en estos casos se trata de investigaciones polí­ticas que se nutren de indicios y que no necesariamente están documentadas con pruebas que hagan fe en juicio. Pero es que estamos frente a un problema polí­tico que tiene que ser encarado con madurez y seriedad polí­tica tomando en cuenta los criterios de valoraciones que son aplicables a la gestión de gobierno y que no necesariamente descansan en ese tipo de prueba fí­sica, documental y fehaciente.

Lo que veo ahora, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, es que al Gobierno se le ha allanado el camino para una depuración efectiva, pero también se le ha quitado el pretexto que vení­a sirviendo para que altos mandos policiales pudieran mantener en sus puestos a quienes cumplí­an con su cuota puntualmente. Esa práctica es la que debe desaparecer y la ministra tiene que conocerla para saber cómo es que ha operado esa fuerza que ahora tiene bajo su mando.