Dentro de las grandes conquistas a nivel internacional que aportaron las revoluciones rusa y mexicana de inicio del siglo pasado, fue el reconocimiento de la educación como parte de los derechos sociales, no sólo porque obligó a cada Estado a establecer políticas educativas para su población, sino además porque a partir de ese momento, los países pudieron darse cuenta que el verdadero desarrollo, su etapa primaria y el mecanismo de avance consistía en promover, fortalecer y alcanzar seres humanos educados, capacitados y profesionalizados, para que a partir de ese momento sus componentes emprendedores, competitivos y progresistas pudieran darle un giro determinante a sus sociedades.

A partir de esa etapa, y posteriormente a la creación de la ONU en 1946 los Estados han formalizado sus obligaciones mediante la ratificación de instrumentos internacionales, tanto en materia económica como social, y en el caso de la educación, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales es el instrumento que obliga a todos los países que lo han ratificado a poder garantizar este importante derecho para todos sus habitantes.  En Guatemala, además de esos claros pasos tomados a nivel transnacional,  regionalmente se ha suscrito también el protocolo facultativo de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Protocolo de San Salvador, el cual promueve y reitera el derecho de los habitantes de los países americanos de alcanzar ese nivel de desarrollo mediante la educación, entre otros derechos.  El derecho internacional de los derechos humanos ha hecho énfasis en la educación, especialmente aquellos denominados de tercera generación o de especialidad, promoviendo que existan compromisos de los Estados para derechos educativos de la niñez, de la mujer, de capacidades especiales, de profesionalización e inclusive de los derechos humanos, siendo este elemento extraordinariamente valioso para una sociedad, que no sólo debe ser educada para enfrentar la vida, sino además de conocer sus derechos y obligaciones, algo que muy poco se hace en el mundo.

En Guatemala, el sistema educativo actual ha sido objeto de mucho desorden, teniendo políticas públicas en la materia pero que no han logrado llegar a todo el territorio, ni tampoco alcanzar al ritmo de crecimiento poblacional actual.  Durante los últimos gobiernos se han trazado varias estrategias aisladas que parecen fortalecer el sistema educativo nacional, pero que no han tenido éxito, ya sea porque no se le dieron continuidad o bien porque otros factores externos incidieron en que no se evaluaran los resultados y acciones tomados,  y sin esa medición no es posible determinar cambios a la implementación de las políticas e inclusive al propio diseño de la mismas. 

Profesionalización de maestros, alfabetización, modelos descentralizados de educación (PRONADE), gestión de calidad administrativa, ampliación de la cobertura educativa, remozamiento de infraestructura y construcción de nuevas sedes, gratuidad, educación bilingüe, galleta o refacción escolar, remesas condicionadas (para padres que lleven a sus niños a la escuela), contratación de más maestros, educación especializada, cambio de pensum de estudios, en realidad se ha pensado en todo, y debo añadir, que aunque siempre parece insuficiente, en los últimos años (por lo menos 12) se ha logrado asignar un presupuesto superior al de otros ministerios de Estado, superando históricamente asignaciones previas, y esa es una política efectiva por sí sola.

Esa dispersión de políticas públicas educativas ha contribuido a no tener un nivel de éxito o por lo menos de avance consistente en los últimos años.  Por ello, ante las nuevas autoridades educativas del país, que parecen tener un nivel de credibilidad alta y una voluntad de alcanzar los resultados ideales, se recomienda que puedan hacer acopio de todas esas voluntades y decisiones técnicas y propuestas realizadas a través de los años, y bajo un criterio de sostenibilidad integral de políticas públicas, trazar una ruta que acompañe a un verdadero proceso de cambio, entendiendo que no será posible alcanzar todos los resultados en tan solo 4 años, pero que empezar con esa ardua labor, permitirá a la propia población exigir de los futuros funcionarios públicos, que en esa materia se le dé continuidad y con ello garantizar que nuestro futuro como sociedad y como país, tenga una esperanza.