Si no se es sujeto procesal de un caso jurídico o no forma parte del órgano contralor, se carece de suficiente información para emitir un criterio lo más cercano o certero respecto a la imparcialidad y ecuanimidad del veredicto y de los incidentes ocurridos en el desarrollo del proceso que se ventile; excepto en algunos conflictos judiciales en los que, por haber sido expuestos en juicios orales y públicos, se deduce que el fallo ha sido parcial o ventajoso para una de las partes.
Traigo a colación lo anterior al referirme a la resolución del juez décimo de primera instancia penal, Walter Villatoro, al haber cerrado la investigación criminal en el caso del robo de Q471 millones ocurrido en el Ministerio de la Defensa Nacional, en el que se señaló, entre otros, al general Efraín Ríos Sosa, porque el delito aconteció cuando era jefe de Finanzas del Ejército, y los demás militares implicados laboraban en esa dependencia.
El titular de esa judicatura indicó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran insuficientes y fueron las mismas que se utilizaron en el juicio por peculado contra el expresidente Alfonso Portillo, quien fue absuelto, conjuntamente con los exministros Eduardo Arévalo Lacs, de la Defensa Nacional, y Manuel Maza Castellanos, de Finanzas, por otro robo, éste de Q120 millones.
El juez Villatoro argumentó públicamente que su inicial intención era dictar la “clausura provisional” del caso, a fin de que el MP “Pudiera restablecer las pruebas que dieran sustento para iniciar un juicio; sin embargo, por la trituración de documentos consideré el sobreseimiento”, aludiendo al hecho de que algunos oficios o comprobantes del Ministerio de la Defensa Nacional que supuestamente incriminaban a Ríos Sosa y demás sospechosos, fueron destruidos “por razones desconocidas”.
Añadió que “nunca había visto que se violara tanto la cadena de custodia, que es lo que da certeza a que una prueba sea la misma desde que se recaba hasta que se presenta en un juzgado”.
Estas aseveraciones del juzgador, fuera de que aparentemente lo exculpan de prevaricato o de cualquier otro delito similar, llaman profundamente la atención y tienden a que cualquier persona medianamente suspicaz arribe a la conclusión que altos o medianos oficiales del Ejército se encargaron de la desaparición u ocultamiento de evidencias determinantes, para evitar que sus camaradas de armas fueran sujetos de un procedimiento judicial y probablemente condenados.
Aunque el caso no ha sido totalmente cerrado porque el MP apelaría, surge la pregunta ¿Cómo se esfumaron Q120 millones en el caso de Portillo y sus dos ministros y los Q471 millones en el Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa, para un total de Q591 millones?
Cada vez me convenzo de que autoridades civiles y militares de gobiernos anteriores y del actual nos tratan a los guatemaltecos como si fuéramos imbéciles, ¡y vaya si no están muy cercanos a esa deducción!
(El perspicaz Romualdo Tishudo murmura que probablemente esa millonada de pisto se la haya llevado el viento a cuentas bancarias de honestos militares).