En lo que respecta al Congreso, si la tesis se conjugara con la praxis contarí­amos con parlamentarios surgidos de la diversidad de sectores sociales y económicos, es decir, de la determinación de los ciudadanos, mediante procesos internos en los partidos polí­ticos que escogerí­an democráticamente a sus candidatos.

Por supuesto que la realidad es muy diferente. Comenzando por el hecho de que no son, precisamente, los ciudadanos más aptos los que figuran en las planillas de candidatos a diputados, sino que, salvo nuevamente las excepciones de la regla, los aspirantes a ocupar una curul en el recinto parlamentario generalmente son aquellos que han jurado explí­cita o implí­citamente lealtad al caudillo del partido o que lo han acompañado desde la gestación de la organización polí­tica que lidera; y los que, sin recorrido algunos en las filiales municipales y departamentales, cuentan con recursos económicos para financiar su propia campaña electoral y la de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. En otras palabras, los que tienen el pisto suficiente para comprar su candidatura.

Hasta hace poco tiempo, los dirigentes nacionales de los partidos polí­ticos tení­an el recato de afirmar que los candidatos a diputados eran los que las bases elegí­an, aunque nadie se tragaba semejante pí­ldora de hipocresí­a; pero actualmente cualquier signo de pudor se ha volcado a los vertederos del cinismo, de tal suerte que hasta un secretario general nacional, cuya figura se veí­a en los noticiarios y en los diarios impresos rebosando de salud, súbitamente renunció del cargo al que fue designado a puro dedazo, porque también repentinamente contrajo una desconocida enfermedad. Quizá podrí­a ser ví­ctima de una patologí­a mental, como resultado de las presiones del Presidente Congreso, quien no se anduvo por las ramas para echar de la dirigencia de la UNE al ex alcalde de la cabecera departamental de Escuintla. Se fue como llegó

Algún ingenuo preguntará si no existe un procedimiento interno en el partido oficial para reducir el perí­odo de su secretario general, por lo menos para guardar las apariencias, que tampoco las acata el señor Orlando Blanco, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE, al declarar descaradamente que «Las plazas para cargos de elección popular aún no se encuentran en discusión», pero advirtió sin ambages que «A principios del próximo año debemos tener al menos el 90 % de esas plazas asignadas».

¡Hasta donde ha llegado esta clase de polí­ticos marrulleros! Imagí­nese usted que se está refiriendo a inscribir a eventuales candidatos a diputados de su partido, como si se tratara de asignar plazas en la administración pública, por puro cuello, sin tomar en consideración méritos, eficiencia y probidad, para mencionar algunos requisitos que no cuentan en el vocabulario de alguien que, en un momento dado de su actuación cí­vica, se ganó el respeto de un grupo de la población.     

Por supuesto que estos casos no son exclusivos de la UNE sino que se extienden a casi todos los partidos polí­ticos que demandan con denuedo el respeto a los valores de la democracia, pero que se resisten afanosamente a practicar el debate y la participación democrática en su seno. (El ambidextro Romualdo Tishudo le preguntó a una analista polí­tico: -¿Por qué en algunos partidos hay tantos casos de polí­ticos sietemesinos? El consultor responde: -Porque ni su madre los aguantó los 9 meses).