Desde hace varias legislaturas se vienen arrastrando distintas propuestas de ley para normar el control de armas y municiones y a las empresas privadas de seguridad, y si bien ambos instrumentos legales se consideran torales para contribuir a revertir el flagelo de la inseguridad pública ciudadana, no existe poder coercitivo lo suficientemente fuerte para concientizar a los diputados de la necesidad de legislar en tales materias.
Precisamente mañana inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondientes al periodo legislativo 2008-2009, y como siempre, ambos temas se encuentran entre las «prioridades» de los legisladores, pero a «la hora de rajar ocote» como suele decirse en buen chapín cuando se va a tomar una decisión importante surge cualquier pretexto y se mandan a la congeladora.
Mientras tanto, la anarquía prevalece, toda vez que se calcula que de los 150 mil agentes privados, sólo 30 mil están registrados en el Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam), mientras que entre el 2006 y 2007 se comercializaron sin ningún control más de 50 millones de municiones. Más de tres balas per cápita si tomamos en consideración que somos aproximadamente 13 millones de guatemaltecos.