Tras reunirse con representantes de las 33 comunidades que resultaron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, autoridades del Ejecutivo no tienen claridad sobre la ejecución del plan de resarcimiento

Puesto que no se sabe cómo se ejecutarán los programas establecidos en el plan, ni cómo se hará efectiva la indemnización económica a los damnificados.

Según el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, parte de las reparaciones son trabajos normales de las instituciones, que tendrán que utilizar y canalizar recursos del Presupuesto Nacional durante los próximos diez años, dependiendo de la disponibilidad financiera del Estado.

“Cada institución deberá de colocar en sus planes operativos y presupuestos los trabajos correspondientes en las zonas que fueron afectadas”, explicó el funcionario.

En cuanto a las reparaciones económicas individuales y colectivas, será el Congreso de la Republica quien decidirá cómo se realizarán estas reparaciones, por lo que no se tiene claridad de cómo se desarrollará el plan de resarcimiento.

Arenales Forno indica que la parte del plan que le corresponde al Ejecutivo será aprobada por medio de un acuerdo gubernativo teniendo 10 años de plazo para cumplir con dichas disposiciones, mientras que la parte que le corresponde al Congreso dependerá de su aprobación.

Además dice que lo que depende puramente del Ejecutivo vendrá del presupuesto normal de los ministerios de Comunicaciones, de Salud, de Energía y Minas, Medio Ambiente, y Cultura y Deportes, los que se encargarán de desarrollar los trabajos correspondientes en la zona afectada.

GOBIERNO ANTERIOR NO FIRMA ACUERDO

Arenales Forno indica que durante el Gobierno anterior se realizó un estudio de la situación de Chixoy y se hizo un proyecto con un acuerdo gubernativo que no fue firmado por el entonces presidente Álvaro Colom, porque los estudios jurídicos decían que adolecía de algunas ilegalidades constitucionales.

Entonces lo que ahora se está haciendo es separar lo que le compete en el quehacer al Ejecutivo de aquello que requiere de una aprobación del Congreso en cuanto a la indemnización económica, a fin de que no se tenga ningún problema legal al respecto.

Forno asegura que es de conocimiento la responsabilidad del Estado en este tema, el cual ha sido largamente postergado sobre las reparaciones comunitarias y económicas, porque hubo poblaciones afectadas, que se encuentran en situación de abandono y extrema pobreza, “no hubo reparaciones suficientes  para todos los que fueron afectados, por lo que el Estado debe asumir esa responsabilidad”.