Todos conocemos las vicisitudes que ha encontrado la Ley del Adulto Mayor, en su origen se argumentó que el Estado no debía proporcionar pensiones a personas que no se preocuparon de crear algún ahorro con qué sostener su vejez.
Los que sí se preocuparon y ahorraron muchas veces con privaciones y confiaron en el Sistema Bancario, hoy se encuentran en similar situación por el cierre anómalo del Banco de Comercio y de la nula respuesta del Ejecutivo.
Es sabido que el grueso de ahorrantes son jubilados, hombres y mujeres pertenecientes a la clase media de este país así como pequeños comerciantes y migrantes, que ante la crisis que están viviendo no ven en el Señor Presidente a una estadista que demuestre preocupación y que tome las disposiciones necesarias para tratar de resolver esta calamidad financiera que afecta a gran número de guatemaltecos.
Transcurridos más de sesenta días del cierre del Banco de Comercio, las autoridades de la policía nacional no han capturado a ninguno de los responsables de esta estafa, lo que es necesario para que aclaren ante los tribunales de Justicia dónde colocaron los dineros de los ahorrantes. Esperaríamos no encontrarnos con otro caso de impunidad por amistad que desprestigie más a este régimen.
El Congreso de la República, que tiene la representación de toda la ciudadanía y que conoce bien este problema, de acuerdo a sus facultades constitucionales debería resolverlo para que todos los afectados puedan recuperar sus ahorros.