Con la certeza de que mis contados lectores discreparán de lo que sostengo enseguida, tengo la impresión de que uno de los funcionarios más esforzados e inteligentes del equipo del presidente Pérez es el titular del Ministerio de Gobernación, y precisamente por esa percepción es que me extraña que en esa cartera se cometan tantos abultados errores, especialmente en lo atinente a la opacidad en la adjudicación de obras o compra de bienes y servicios y en lo que atañe al caos y corrupción imperantes en el sistema penitenciario, porque no hay forma que se detenga el vendaval de extorsiones que mayoritariamente se origina en las principales cárceles del país a causa de que desde su interior operan los principales jefes de las denominadas clicas, mediante cotidianas y nutridas llamadas telefónicas a sus compinches que delinquen con impunidad fuera de las prisiones, aunque constantemente se realicen cateos para confiscar teléfonos móviles y sus accesorios.
De no haberse constituido desde principios del actual régimen el inmoral procedimiento que se utiliza en casi todos los negocios del Estado, sería inaudito el anuncio del ministro Mauricio López Bonilla referente a contratar a una empresa que construirá 50 módulos en las granjas penales Canadá y Cantel, al costo de miserables mil millones de quetzales, mientras la población navega en un mar de zozobras, y de ajuste sin previa licitación, además que lo declara tan campante como si estuviera dispuesto a gastar mil quetzales en neumáticos usados para una moto.
Por supuesto que pretende justificar esa multimillonaria erogación al señalar que es para descongestionar el hacinamiento de reclusos; pero aunque los guatemaltecos disfrutáramos viviendo en un Estado de Derecho y las autoridades cumplieran con requisitos de probidad a toda prueba, ese contrato habría escandalizado a cualquier ciudadano; pero como ya nos acostumbramos a que se violente la Ley desde los centros de poder llamados a velar por su cumplimiento, ya nada nos asombra con las “compras por excepción”.
Como me dice en un correo el penalista guatemalteco doctor Byron Titus, experto en rehabilitación de reclusos, quien trabaja en Boston, Massachusetts, “Hay que ser un ignorante, para pensar que en un país como Guatemala, el costo de tal construcción sea tan elevado y que la ampliación de dos cárceles sea la solución a la crisis penitenciaria, con un hacinamiento del 200%”, porque si el total de reclusos es de 17,645 y la capacidad es para 8,972 sujetos, la ampliación de 5,760 internos no alcanzaría ni para acomodar a la población carcelaria existente.
Titus no es un improvisado en ese ramo penal y de esa cuenta explica que para la implementación de programas de corrección comunitaria (una especie de rehabilitación) en la citada ciudad norteamericana invirtieron US$22millones, equivalentes a aproximadamente Q171 millones, erogando US$5 mil anuales por cada individuo sometido a ese programa, en vez de US$48 mil si estuviera recluido.
(El recluso Romualdo Tishudo, respecto a compras por excepción y sin alusiones, recuerda la vieja tonada mexicana –“Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando…”).