El fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, anunció hoy que la Fiscalía no apoyará la querella presentada en España contra los asesores del ex presidente estadounidense George W. Bush, que crearon el entramado jurídico de la cárcel de Guantánamo.
«Sinceramente creo que es una querella fraudulenta», afirmó Conde Pumpido, durante un desayuno con periodistas en Madrid, porque, según él, la denuncia no va en contra de los presuntos autores materiales de los supuestos delitos de maltratos que se cometieron en esa prisión.
La querella, que había sido presentada ante la Audiencia Nacional (máxima instancia penal española) el pasado 17 de marzo por varios letrados, apunta a seis abogados norteamericanos considerados «responsables jurídicos» de la creación de esa cárcel militar estadounidense en Guantánamo, en la isla de Cuba.
«Si se actúa por un delito en principio de maltrato a los prisioneros de guerra que se podría haber cometido en Guantánamo, esa denuncia debería ir contra los autores materiales y no contra los asesores o las decisiones ejecutivas de la Administración norteamericana», afirmó Conde Pumpido.
El juez de instrucción Baltasar Garzón, que recibió la querella, había solicitado recientemente que la fiscalía se pronunciara sobre el curso que debía seguir.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, competente para investigar y juzgar casos por crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas, del que depende el juez Garzón, había dicho el martes a la AFP que no había decidido nada aún sobre el caso Guantánamo.
Una vez que la opinión del tribunal le sea notificada, Garzón dirá si está conforme o no con las recomendaciones de la fiscalía.
Según la Asociación para la Dignidad de los Presos y Presas, que impulsaron la demanda, el equipo jurídico de Bush «participó en la elaboración, la aprobación y la puesta en marcha» del entramado jurídico de Guantánamo, por donde pasaron más de 800 hombres y adolescentes sospechosos de terrorismo desde su apertura, en enero de 2002.
«Esto significa haber permitido las torturas» cometidas en la base norteamericana, según el texto de la querella, recientemente citada por algunos medios españoles.
Según la prensa, esta querella apunta a seis ex responsables norteamericanos de la subsecretaría de Defensa, del fiscal federal y de los asesores de Bush, entre los cuales el ex fiscal general estadounidense, Alberto Gonzales.
La justicia española reconoce desde 2005 la jurisdicción universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y torturas cometidas en el mundo entero, aún cuando las víctimas o los verdugos no sean españoles.
Sin embargo, Conde Pumpido manifestó el jueves su rechazo a que el tribunal de la Audiencia nacional «se convierta en un juguete» de las asociaciones denunciando abusivamente a presuntos responsables de este tipo de crímenes.
Para el fiscal general español la demanda «se debe presentar primero en Estados Unidos y si se demostrase que allí se intentó presentar esa acción y no prosperó es cuando podría empezarse a pensar la posibilidad de ejercitar una acción supletoria» ante la justicia española.
La fiscalía española es, de hecho, partidaria de una aplicación más restrictiva del principio de jurisdicción universal, que ha llevado a pequeños choques diplomáticos con países como Israel o China y que ha llevado a jueces españoles a investigar crímenes por las dictaduras latinoamericanas.