Cuando está lúcida, Gong Quifeng recuerda cómo imploró misericordia. Varias personas la maniataron de la cabeza, los brazos, las rodillas y las piernas en la cama de un hospital, tras lo cual le dieron una inyección en el estómago que induce partos.
Tenía un embarazo de siete meses de lo que hubiera sido su segundo hijo varón. La droga hizo que el niño naciese muerto luego de 35 horas de dolores insoportables. Funcionarios de la provincia sureña de Hunan la obligaron a abortar en cumplimiento de una política destinada a limitar el crecimiento poblacional.
«Fue el momento más doloroso de mi vida, el dolor fue más fuerte que cuando das a luz. Es algo que no se puede describir», declaró Gong, de 25 años, en una reciente entrevista en Beijing. «Y se convierte en un trastorno psicológico. Me siento un cadáver que camina».
Luego del aborto, ocurrido hace dos años, a Gong se le diagnosticó una esquizofrenia. La mujer fue a la capital con su marido para pedir que le cubriesen los costos del tratamiento, pero terminó siendo detenida en pijamas por la policía, en un episodio filmado por The Associated Press.
Los abortos forzados son considerados una forma aceptable de controlar el crecimiento de la población, pero están prohibidos si la mujer tiene más de cinco meses de embarazo. Sin embargo, nadie ha sido responsabilizado por el aborto de Gong a los siete meses y otras mujeres que atravesaron por experiencias similares tienen también problemas para que se haga justicia y reciban compensaciones.
Observadores dicen que da la impresión de que los abortos forzados están disminuyendo, pero hay informes de que se siguen haciendo.
Si bien China anunció en noviembre un relajamiento de su política de un hijo por pareja y dijo que se permitiría un segundo niño, la estructura creada para garantizar el cumplimiento de la vieja norma fijando límites a la cantidad de habitantes que puede tener una región sigue en pie. La nueva política, por otro lado, no abarcaba a Gong, porque permite a una pareja tener un segundo hijo solo si tanto el padre como la madre no tienen hermanos.
«El sistema no cambió en absoluto», aseguró Liang Zhongtang, demógrafo de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. «Sigue estando prohibido tener más hijos que los permitidos por el gobierno y resulta inevitable forzar abortos si una quiere tener hijos que no son permitidos por el gobierno».
El gobierno central condena los abusos por parte de las autoridades locales, pero al mismo tiempo les exige cumplir con las políticas de planificación familiar.
«Los problemas surgen cuando los encargados de verificar el cumplimiento de la policía son estrictos. Sin apelar a métodos brutales, no pueden hacerlo», expresó Liang.
El gobierno central fijó límites al tamaño de las familias alrededor de 1980. La mayoría de las parejas urbanas podían tener un solo hijo y las rurales dos si el primero era mujer. Las esterilizaciones y los abortos forzados proliferaron.
El furor en torno a los abortos cuando el embarazo estaba avanzado alcanzó su punto máximo en junio del 2012, cuando la familia de Feng Jianmei, de la provincia de Shaanxi, en el noroeste, reveló en la internet que la habían obligado a abortar en el séptimo mes de embarazo. Hubo condenas generalizadas, difusión internacional y un alto funcionario se vio obligado a decir que el gobierno estaba en contra de esos excesos.
Varios funcionario del pueblo de Feng fueron despedidos o sancionados y el gobierno local le pagó a su familia más de 70 mil yuans (unos 11 mil dólares). Nadie, sin embargo, fue juzgado y el pago fue descripto como una asistencia, no una compensación.
Una artista de Beijing, Wang Peng, consiguió lo que dijo son los fetos de cuatro abortos con embarazos avanzados ocurridos en la capital en el 2013 y los usó en una muestra gráfica. La exhibición no está abierta al público y Wang no revela dónde tiene lugar. Dice que ha sido vista por unas 100 personas invitadas especialmente.
Los abortos forzados «violan derechos que la mujer tiene de nacimiento, que le dio la naturaleza», afirmó Wang. «No se respeta la vida».
No hay estimados confiables de la cantidad de abortos forzados. Las víctimas pueden ser silenciadas por las autoridades mediante amenazas o dinero y muchas no saben que esas acciones están prohibidas.
«No van a decir nada a menos que no puedan soportar el dolor y tengan que buscar asistencia», explicó Yang Zhizhu, profesor de Beijing y defensor de los derechos de nacimiento.
El esposo de Gong, Wu Yongyuan, dijo que no se preocupó demasiado cuando supo que su mujer había quedado embarazada por segunda vez. Algunas familias en su pueblo tienen dos y hasta tres hijos. Pero cuando las autoridades locales de planificación familiar se enteraron, se la llevaron.
Wu afirma que su esposa no ha sido la misma desde el aborto. Lloraba por cualquier cosa, se peleaba con él, le pegaba a él y a su hijo y no quería tener contacto con nadie. En mayo del 2013, 18 meses después del aborto, se le diagnosticó una esquizofrenia, según dijo.
Convencido de que el aborto fue lo que desató el trastorno, Wu pidió una compensación a las autoridades para pagar por el tratamiento de su mujer. Pero funcionarios de planificación familiar de su pueblo, Lianyuan, dijeron que no hay forma de comprobar que el trastorno fue consecuencia del aborto y que podía obedecer a otros factores psicológicos.
El mes pasado Wu y su esposa vinieron a Beijing para plantear su reclamo ante instancias superiores. El lunes pasado, Wu y Gong, luciendo pijamas, fueron desalojados por el propietario de la modesta habitación que alquilaban luego de que se apareció un periodista. Al rato llegó la policía y se llevó a la pareja en una camioneta.
Una hora después, Wu le envió un mensaje de texto a un periodista. «Probablemente nos manden de vuelta a casa», indicó. «El jefe del partido de nuestro pueblo nos llamó y nos pidió que regresásemos para negociar».