Rinde su primera declaración implicado en supuestos hechos de corrupción en dos municipalidades de Huehuetenango. Ministerio Público continúa con la investigación mientras aboga por la Ley contra la Corrupción.

Un nuevo caso de supuesta corrupción en alcaldías se disipa en los tribunales de justicia. Esta mañana en el Juzgado Segundo del Ramo Penal, a cargo de Carlos Aguilar, rindió su primera declaración Leonzo Morales Sales, tesorero de la municipalidad de San Rafael Petzal, del departamento de  Huehuetenango.

Según la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Morales Sales supuestamente se coordinaba con trabajadores de la municipalidad de  San Juan Atitán, del mismo departamento, para realizar transacciones bancarias entre sí, con fondos de las comunas.

Para el efecto, Morales Sales se comunicaba con su contacto en la otra alcaldía  para manejar el proyecto de ampliación de una escuela primaria. Como vínculo entre ambos figura el propietario de una constructora a quien el sindicado le hacía depósitos por medio de cheques y en el mismo momento en que éste lo retiraba, depositaba en efectivo el dinero a la  cuenta personal del empleado de comuna de San Juan Atitán. El intermediario recibía una parte del dinero como comisión.

Según la información, desde el 2009 los implicados habrían desviado Q460 mil 679.11, por medio de 64 cheques.

El juez Aguilar giró cinco órdenes de captura el 31 de mayo del año en curso, por los delitos de lavado de dinero y otros activos y concusión. Hasta el momento cuatro continúan prófugos.

SIN HERRAMIENTAS ADECUADAS
En los casos de corrupción, una de las más grandes deficiencias de la Fiscalía es no contar con una herramienta legal adecuada, indicó Javier Monterroso, secretario privado del MP.

También agregó que la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, conocida como Ley contra la Corrupción, le proporcionaría al ente investigador, que casos como este, como el de Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de La Antigua Guatemala, o Salvador Gándara, quien fue jefe edil de Villa Nueva, u otros, “fueran más fáciles de perseguir para condenarlos de manera ejemplar”.

Además refirió que durante el transcurso del año, el MP ha logrado la condena de más de 30 personas por delitos vinculados con la corrupción; no obstante, “las penas son muy bajas y en otros casos hay multas, mientras que si se aprobara esta ley, se nos facilitaría muchísimo la persecución penal, principalmente con la incorporación de la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, que también contemplan la iniciativa”.

Monterroso concluyó sus declaraciones solicitando al Congreso de la República que apruebe la normativa.

INVESTIGACIÓN EN ALCALDÍAS
El caso en las municipalidades de Huehuetenango  se suma a las 277 denuncias de este tipo que el MP investiga.

De estos, la Fiscalía contra la Corrupción diligencia 95 procesos por delitos de malversación de fondos, cohecho, entre otros. Asimismo en la Fiscalía de Delitos Administrativos se conocen  182 casos.