Comprendo y entiendo que cualquiera que vea sus haberes e intereses menoscabados o perjudicados tiene el sobrado derecho a ser resarcido de alguna manera o forma. Pero también sabemos que después del conflicto armado interno en nuestro país surgieron de una parte y de la otra, como algunos más por ignición espontánea, muchísimas personas para ejercer su derecho de petición en ese sentido.

Triste y lamentablemente, nuestros políticos por sus propios intereses, sobre todo los electoreros, los atendieron sin que por ello se tradujera en beneficios permanentes para quienes manifestaban su reclamo, mucho menos para el resto de la población, a la que solo le ha tocado ver pasar el desfile de miles de millones de quetzales pero sin encontrar ninguna proyección social en general sino poca de carácter temporal para los supuestamente damnificados.
Porque a todos consta que dar una aspirina para bajar la temperatura funciona pero no cura la enfermedad, como que unos pocos  quetzales o terrenos muchas veces infértiles no han sido solución para nadie, en vez de buscar y encontrar caminos que conduzcan a toda nuestra sociedad por el progreso y desarrollo, fuera por la vía de la educación, programas integrales de salud efectivos y no digamos realizar la inversión cuantiosa en infraestructura que tanta falta nos hace o llevar a cabo programas de desarrollo agrícola comunitario de gran envergadura. Comento todo lo anterior ante la noticia que el Congreso norteamericano haya dispuesto condicionar cualquier ayuda financiera o militar para Guatemala mientras las autoridades no muestren buena voluntad para resarcir a más de seis mil familias supuestamente damnificadas por la construcción del embalse de la presa de la hidroeléctrica de Chixoy.
    Antes de todo ¿Realmente hubo esa cantidad de perjudicados o mejor explicado, esto fue comprobado fehacientemente por una comisión investigadora imparcial o se constituyó un tribunal específico para establecer con veracidad lo asegurado por los peticionarios? Que yo sepa, todavía hay muchas dudas sobre el particular y digo esto porque por azares del destino fui testigo que tal cifra nunca existió, como que tampoco dicha obra fue de Lucas García y sí realizada durante el gobierno de Laugerud, habiéndose establecido plenamente a través de un censo que solo alrededor de 500 familias ameritaban ser reubicadas y apoyadas con otro tipo de resarcimiento. De sobra sé que tocar este delicado tema irrita la piel de quienes tras bambalinas han venido agitando el cotarro persiguiendo como de costumbre satisfacer sus intereses para tan solo salpicar a las supuestas víctimas utilizadas de parapeto. Pero esto es lo de menos, cuando bien sabemos que lo que el país necesita con urgencia es que los fondos públicos sean utilizados racionalmente con el único fin de lograr el bien común de todos los guatemaltecos y no solo de quienes, repito e insisto, han estado siempre detrás de tales resarcimientos con el fin de satisfacer intereses personales.