El rescate en Guatemala de nueve niños menores de un año de una casa cuna ilegal para darlos en adopción fraudulenta reveló que las redes involucradas en el negocio que mueve unos 200 millones de dólares anuales sigue vigente, pese a la reciente aprobación de una drástica ley.
La hermana de uno de los diputados más críticos del gobierno del presidente ílvaro Colom, el opositor Gudy Rivera, fue detenida por la policía en un allanamiento en su residencia, donde funcionaba la casa hogar ilegal.
El parlamentario, hermano de la capturada Rosalinda Rivera, de 44 años, paradójicamente es el presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, encargada de velar por la transparencia de las adopciones.
Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) allanaron la residencia de Rivera en la periferia oeste de la capital en busca de un menor que fue robado a su progenitora, pero para su sorpresa localizaron una casa cuna ilegal con nueve infantes.
Las adopciones irregulares en Guatemala son una preocupación para organizaciones sociales y las propias autoridades debido a las constantes denuncias de robo de niños para ese propósito, toda vez que genera millones de dólares anualmente.
Esa situación llevó a cuatro mujeres a realizar una huelga de hambre durante una semana frente al Palacio Nacional de la Cultura (Centro), que concluyó el lunes. Las mujeres reclamaban a sus hijos, presuntamente robados para ser dados en adopción.
Para erradicar el flagelo de las adopciones ilegales, a partir del 1 de enero entró en vigencia una normativa que regula los trámites de adopción, a través del Consejo Nacional de Adopciones, respondiendo a los convenios de La Haya.
Hasta entonces, era un asunto privado entre las madres de los niños y las familias aspirantes a la adopción con intermediación de abogados, lo que suponía un negocio que movía anualmente unos 200 millones de dólares.
Según la humanitaria Casa Alianza, que vela por los niños de la calle, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), antes de entrar en vigencia la nueva ley, el 97% de las adopciones eran realizadas en este país centroamericano a través de abogados que actúan sin ninguna supervisión.
Entidades sociales aseguran que por cada adopción fraudulenta los abogados llegan a cobrar hasta 30 mil dólares, convirtiendo a Guatemala en el país con mayor número de procesos de este tipo per cápita, según la propia Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con los registros de la Procuraduría, durante 2006 un total de 4.496 niños y niñas fueron entregados en adopción, un 10% más que en 2005, mientras que en 2007 fueron alrededor de 5.100.