El asesinato ayer del militar retirado Giovanni Pacay, experto en inteligencia y amigo cercano del general Otto Pérez Molina, evidencia que en Guatemala nadie está libre de las manifestaciones de violencia que se siguen prodigando en nuestro paí­s. El Partido Patriota ha negado que el crimen tenga carácter polí­tico porque, según sus voceros, fuera de la amistad con el candidato presidencial, el coronel Pacay no tení­a ví­nculo orgánico ni con la entidad polí­tica ni siquiera con los grupos periféricos de la campaña, pero el que un experto en seguridad como era el oficial fallecido haya sido ví­ctima de un ataque como el que le costó la vida, es una muestra de que en Guatemala todo mundo está corriendo riesgos muy altos.

Y el problema sigue siendo que carecemos de las estructuras adecuadas para enfrentar el problema de la criminalidad, puesto que mientras no podamos combatir la impunidad, aquí­ cualquiera sentirá la enorme tentación de resolver sus asuntos aplicando ese erróneo concepto de justicia por propia mano. Ningún asesino, sicario u ocasional, tendrá preocupación verdadera de que pueda ser diligentemente perseguido y que su crimen merezca una investigación seria de parte del Ministerio Público. Por ello es que al final del dí­a es un error pensar que basta la fuerza para contener a la violencia, porque lo que de verdad requerimos es el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones para que, mediante la correcta administración de justicia, el delincuente tenga razonable temor de que terminará en la cárcel.

El mismo dí­a en que se producí­a el asesinato de un experto en cuestiones de seguridad y de inteligencia militar, se producí­a en los tribunales una absolución de tres acusados de graves crí­menes porque, según dijeron los jueces, el Ministerio Público no fue capaz de sustentar debidamente la acusación. No fue un fallo en el que se limitaran a señalar la ausencia de pruebas, sino que los jueces tuvieron la hidalguí­a y valentí­a de señalar la responsabilidad del Ministerio Público porque los fiscales no cumplieron con aportar las pruebas que lógicamente tení­an que presentar.

Mientras siga esa tendencia de inutilidad del Ministerio Público y sea evidente que no hay ni capacidad ni, peor aún, voluntad para combatir la impunidad, no esperemos que el asunto se resuelva, por mucha fuerza que se ponga en el ejecutivo para enfrentar al crimen. Hemos visto que en estos cuatro años se aplicó la limpieza social de manera más o menos sistemática y pese a ello el paí­s anda patas arriba porque la violencia no se combate con violencia, sino con la aplicación de la ley. El tema crucial de la inseguridad está en la impunidad y por ello es que resulta tan importante demandar de los candidatos la voluntad polí­tica de acabar con esa enorme chamarra que ha servido para tapar a toda clase de criminales.