Cuando se plantea la urgente necesidad de crear civismo en un país caracterizado por la actitud de indiferencia de la población, el ejemplo de los dirigentes debiera ser crucial para asumir esa postura que permita cambiar la forma de entender el papel del ciudadano, pero en Guatemala vamos como el cangrejo porque lo único que recibimos de nuestros políticos, tanto oficialistas como de oposición, es mal ejemplo y muestras de irresponsabilidad.
Esta mañana el escándalo surge porque los diputados del Partido Patriota denuncian que hubo un allanamiento en sus oficinas en el mismo Congreso de la República y que les robaron importantes documentos. Se trata de un recinto oficial que se encuentra vigilado las 24 horas del día no sólo por circuito cerrado de televisión, sino con presencia de agentes que tienen a su cargo la custodia de las instalaciones. Cuesta creer que de manera sigilosa se pueda haber realizado una acción como la que han denunciado y tomando en cuenta los dimes y diretes que se traen los seguidores de Pérez Molina y el Gobierno, la gente no tiene razones de peso para creerle a nadie.
Hace unos días era un lío a pescozadas y los insultos lo que nos dio como ejemplo el Congreso de la República y ahora nada más y nada menos que un comportamiento peor que de mareros, con ese allanamiento que alguien realizó para sustraer documentos e informaciones de la bancada de uno de los partidos que tienen representación parlamentaria. Todo ello en el marco de la absoluta evidencia de que los asuntos de Estado son los menos importantes para los diputados que logran detener maliciosamente la agenda legislativa sin la solvencia que otorga el debate serio sobre el fondo de los asuntos que se discuten.
Aquí no hay discusión, sino simplemente el compromiso de torpedear y eso es algo que no se vale desde el punto de vista del país y del interés de los ciudadanos, porque en todo caso si alguna propuesta es contraria al bien común y al interés nacional, los diputados lo debieran señalar con argumentos sólidos y contundentes, pero evitar el debate y aferrarse a prácticas que únicamente pretenden impedir la discusión es absolutamente deleznable.
Ningún país puede prosperar cuando la labor legislativa se limita a destruir y no a debatir. Ningún país puede aspirar a solucionar sus problemas si los mismos no pueden ser objeto de discusiones serias porque mediante maniobras y argucias se frena la dinámica natural del proceso de discusión, aprobación y sanción de la ley. Quien tiene argumentos contra alguna iniciativa los debe hacer valer y aunque pierdan la votación, quedaría ante la Historia su postura razonable y sensata, cosa que ahora no ocurre.