La discusión para tipificar el delito de pánico financiero mediante reformas al Código Penal, inició en el Congreso de la República.
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La iniciativa que fue enviada a ese organismo por el Ejecutivo y presentada por el Superintendente de Bancos, í‰dgar Barquín, tienen como propósito sancionar a aquellas personas responsables de generar rumores sobre supuestos problemas financieros en los bancos del sistema nacional que afecten su reputación o prestigio comercial.
El proyecto de ley contempla que la persona individual o jurídica que cometa el delito de pánico financiero tendría una sanción carcelaria que va de los 5 a 10 años inconmutables. La propuesta de ley permanece bajo análisis en las comisiones de Legislación y Economía.
¿Quién comete ese delito?
La misma establece que comete el delito de pánico financiero quien divulgue al público o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa e inexacta que afecte negativamente la confianza de los clientes de una institución sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, provocando con ello que la misma sea objeto de retiros masivos de depósitos o inversiones.
Mariano Rayo, diputado del Partido Unionista (PU) y presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en un boletín de prensa difundido en el portal de internet del Congreso expone: «La iniciativa pretende integrar al Código Penal un delito que existe en otros países pero en Guatemala no, y lo que busca es atacar ese problema que se dio tres veces el año pasado y que afectó a varios bancos privados cuando empezaron a circular correos electrónicos y llamadas, señalando problemas financieros en instituciones bancarias, lo cual era una mentira».
El parlamentario hizo alusión a la quiebra del Banco del Café, Banco de Comercio y a los rumores surgidos sobre otras entidades bancarias, sin olvidar, el lapso en el que la carestía de papel moneda puso en aprietos a la banca central.
Al principio de este año la Superintendencia de Bancos desmintió los rumores surgidos por correos electrónicos y llamadas telefónicas que desprestigiaban a uno de los bancos más antiguos del sistema. Meses después presentó el proyecto de ley que ahora se discute y que espera la emisión del dictamen para llegar hasta el pleno del Congreso en donde se aprobaría.