Ya se sabe que la voz de los obispos levanta muchas ronchas y muchos creyentes dicen que los prelados no tienen que opinar de los temas mundanos sino limitarse a ser pastores de almas, recibiendo confesiones y repartiendo sacramentos. Sin embargo, como dijo el Papa Juan Pablo II en Guatemala, no puede haber divorcio entre fe y vida, lo cual demanda compromiso de los fieles no sólo para orar, sino para trabajar por la justicia y el bien común que constituyen el cimiento de la antañona doctrina social de la Iglesia que hasta los más conservadores tienen que conocer y deben practicar.

Ayer nuestra Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que señalan la necesidad de fundamentos éticos en una sociedad democrática. Pero de entrada ya salimos fregados, puesto que dicen que “sólo la aplicación de los principios éticos asegura que la actividad política contribuya eficazmente a promover una sociedad pacífica en la que prevalezcan la justicia y la verdad”. Eso, traducido al buen chapín, significa que estamos jodidos porque si algo no hay en la actividad política del país, y las pruebas son abrumadoras y abundantes, es noción elemental de la ética, por lo cual no se puede promover una sociedad pacífica donde prevalezcan la justicia y la verdad.
 
 Los obispos recogen el sentir de muchos ciudadanos señalando que las cosas no funcionan. Hablan con claridad meridiana de la forma en que se manosean las comisiones de postulación para cooptar las instituciones que debieran ser pilar de nuestra vida democrática. Pintan de cuerpo entero al Congreso, al Organismo Judicial, a la Corte de Constitucionalidad y al Gobierno con sus intromisiones en las comisiones postuladoras. No usan eufemismos para llamar a las cosas por su nombre, aunque sí algo de ingenuidad al suponer que los miembros del Colegio de Abogados y la “opinión pública, los actores políticos y la ciudadanía en general” pueden jugar el papel protagónico que abandonaron desde hace tanto tiempo para dejar el destino del país precisamente en los políticos que, como dicen los obispos, están dedicados a la pugna de intereses porque su oficio es un medio para el lucro de beneficios en cuya búsqueda se enredan en juegos perversos de egoísmos que les hacen perder su juicio crítico, sin promover los intereses de un país que reclama bienestar y seguridad.
 
 El llamado a los creyentes para que asumamos la responsabilidad que el momento histórico demanda es fundamental e importante, con todo y que la resistencia a aceptar que los obispos puedan opinar y hablar de los temas mundanos es muy fuerte, especialmente entre la gente que tiene más poder de decisión e influencia para convertirse en actores del cambio.
 
 No faltarán los que les llamen agoreros por decir que hay signos de que las cosas no funcionan, puesto que ahora lo políticamente correcto es afirmar que Guatemala ha cambiado mucho para bien en las últimas décadas y que vamos para adelante. La corrupción no es vista como una traición a la ética, sino como el motor de la actividad económica del país que se nutre de la voracidad de los políticos para hacer negocios con sus socios en el sector privado.
 
 La impunidad, objetivo final de todo el manoseo de las comisiones de postulación, de lo que pasa en el Poder Judicial y de lo que hacen nuestros gobernantes y diputados, no llega a ser identificada por los ciudadanos como el gran problema. Es más, muchos no la ven siquiera como problema porque confían en que si les hace falta, pueda operar en su beneficio el día menos pensado.
 
 Yo me siento identificado con lo que dicen mis obispos y espero que con sus oraciones y las nuestras, llegue el día en que tomemos conciencia de nuestra realidad.