Asociaciones indí­genas y campesinas denuncian que llevan más de tres periodos presidenciales realizando las mismas exigencias y ninguno se las ha resuelto, lo cual está acabando con su paciencia.

Esto ha desatado las últimas manifestaciones que se han sido sentidas por todo el pueblo guatemalteco, sin embargo en éstas sobresale un hecho de sangre, el joven de 19 años, Elmer Orlando Boror Zet fue abatido a tiros por una persona particular, que molesta por los bloqueos desenfundó su arma y atacó a los manifestantes hiriendo a otros más.

Aunque las molestias que los bloqueos y las manifestaciones causan a los guatemaltecos son bastantes, según Omar Jerónimo, representante de plataforma agraria, «tienen que tomar estas medidas porque no hay un buen diálogo y porque las respuestas del gobierno son pocas».

Durante los últimos dí­as miles de campesinos se movilizaron hacia puntos estratégicos del paí­s, entradas a la ciudad capital, bloqueando el paso vehicular para hacerse escuchar y como medida de presión para que el gobierno cumpla los acuerdos a los que llegaron en julio pasado. Estos acuerdos fueron firmados por el gobierno y las asociaciones luego de masivas manifestaciones. Sin embargo, los mismos no se cumplieron y causaron la molestia de los campesinos.

Pero las manifestaciones no comienzan ahí­, desde principios de este año, el 14 de enero cuando la gestión de la UNE cumplí­a un año, las manifestaciones se hicieron presentes.

Luego casi todo el mes de julio estuvo lleno de manifestaciones, hasta que el 30 de ese mes en el que el gobierno firmó el acuerdo.

Entre otras cosas las organizaciones solicitan al Estado la aprobación de una reforma agraria integral y la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, ésta última está en proceso en el Congreso de la República.

Jerónimo, recalcó, que las mismas solicitudes y la misma agenda han manejado todas las organizaciones desde el gobierno de Alfonso Portillo, «nadie nos ha ayudado y hasta este periodo presidencial mostraron un poco de interés por apoyarnos, pero lo mismo ha sido», expresó el entrevistado.

Los departamentos más afectados, por la conflictividad agraria en la actualidad son: Petén, Izabal, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y parte del altiplano del paí­s.

Además comentó que la problemática, si bien no es la misma que hace muchos años, es muy parecida. El acceso a tierras, la falta de recursos para producir, las concesiones a las grandes empresas, la mala distribución de las tierras, proyectos mineros, desalojos violentos y la poca ayuda del Estado, es parte de la problemática agraria.

LUTO

Para Rafael Gonzáles, integrante de la CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), el número de muertes a causa de la problemática agraria es incontable y sólo del año 2000 para el presente, él calcula que han asesinado a por lo menos mil dirigentes campesinos en todo el paí­s, entre los que recuerda con nostalgia y tristeza a los siguientes:

Teodoro Nanjoj, asesinado el 10 de octubre del año 2000; Raúl Castro, asesinado durante el año 2004; Juan López, asesinado en Alotenango, San Juan Sacatepéquez; Mario Caal, muerto en Livingston Izabal, entre otros asesinatos de los que asegura no hay culpables procesados, mucho menos capturados, «algo que no debe quedar en la impunidad».

Entre los más recientes hechos violentos en contra del movimiento indí­gena destacan, los ataques en contra de pobladores de la comunidad las Nubes, en el Estor, Izabal, en el lugar derivado de un desalojo violento fue asesinado el maestro Adolfo Ich Chamán, quien fue ví­ctima de las balas de guardias de seguridad privada de la Compañí­a Guatemalteca de Ní­quel (CGN). En dicho hecho también resultaron heridas por lo menos 8 personas más, según denuncia realizada por la CNOC.

También se puede mencionar los asesinatos de; Walter Fernando Méndez Velásquez en Colotenango, Huehuetenango; Julio Aguilar Iriarte en Morales, Izabal; Isabel Vásquez y Obilio Gabriel, ambos asesinados en Huehuetenango el pasado 17 de agosto y el asesinato de Lorenzo Hernández en Quiché, el pasado 15 de septiembre.

Según Gonzáles, estos asesinatos se deben a las constantes luchas que libran en protección de la madre tierra y para exigir lo que les corresponde, como el último caso del joven asesinado en las manifestaciones por el Dí­a de la Resistencia Indí­gena.

HISTORIA

Pueblo de Guatemala: «La Reforma Agraria ya es una Ley de la República. A los funcionarios, empleados públicos y a todos los ciudadanos nos corresponde aceptar sus mandatos y hacerla cumplir sin sectarismos, teniendo presente en todo momento los superiores intereses de la nación».

«Al pueblo todo quiero expresarle mi confianza en que la Ley de Reforma Agraria alcanzará los fines que se ha propuesto la Revolución de Octubre, con la satisfacción de que he cumplido mi primer deber como Presidente de la República. Saludo a la nación vivando calurosamente a la patria con nuestro grito de lucha».

¡Hacia delante por una Guatemala mejor!

Esta es una parte del discurso presidencial transmitido por radio la noche del 20 de junio de 1952 y publicado en el diario «El Imparcial», en aquel entonces el presidente de la república era Jacobo Arbenz Guzmán y hací­a referencia a la ley de la reforma agraria aprobada el 17 de junio del mismo año, la cual tratarí­a de poner fin a una etapa de conflictos de propiedad de tierra, expropiando a las grandes empresas extranjeras de las mismas para ponerlas junto con las tierras del Estado a disposición de los campesinos.

Pocos meses después durante el año 1954 Arbenz fue derrocado de la Presidencia, con un golpe de Estado a raí­z de la aprobación de la mencionada reforma, que no beneficiaba a los grandes intereses de las empresas internacionales, como la United Fruit Company, principal dueña de tierras en el paí­s en aquel entonces, tierras que se habí­a apropiado de manera ilegal, esta empresa se opuso en todo momento a la reforma agraria.

Pero la problemática no comienza en esta etapa de la historia guatemalteca, la problemática agraria se remonta a los tiempos de la conquista, cuando los españoles llegaron a las tierras fértiles del paí­s encontraron riquezas para explotar y comenzaron a expropiar a todos los nativos de sus tierras.

La conquista se basó en la esclavitud y la explotación de los recursos naturales de la región, por lo que todos los habitantes se fueron quedando sin propiedades, con el paso de los año se fue formando un sistema agrario basado en el latifundio y en el minifundio, siendo el primero, las grandes extensiones de tierras manejadas a su antojo por los terratenientes descendientes de los españoles y el segundo, son pequeñas tierras propiedad de algunos indí­genas que corrieron con suerte de tener tierras para producir por lo menos para el sustento diario.

En el año 1944 el 62 por ciento de las tierras pertenecí­an al 2.1 por ciento de la población de la nación, los cuales estaban constituidos por grandes empresarios, el otro 38 por ciento de las tierras pertenecí­a al 97.9 de la población, información brindada por la secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia.

La reforma agraria, en pocas palabras planteaba, «que toda propiedad particular de más de 269 hectáreas que estuviera siendo cultivada serí­a expropiada de sus actuales dueños, también tierras menores a 269 hectáreas que no estuviera siendo cultivada en por lo menos dos tercios se tomarí­an las mismas medidas. Dichas tierras serí­an dadas en propiedad particular o en arrendamiento vitalicio».

El arrendamiento vitalicio establecí­a que el nuevo propietario de las tierras tení­a que pagar al Estado por 25 años consecutivos un 3 por ciento anual del total de las cosechas y si le daban las tierras por propiedad particular el tributo era de un 5 por ciento durante el mismo número de años.

Durante 18 meses de aplicación de la reforma agraria, según datos históricos se repartieron un total de entre 603 a 615 hectáreas de tierras expropiadas a empresas y a particulares y un total de 280 mil hectáreas que eran propiedad del Estado, logrando beneficiar a un aproximado de 138 mil familias campesinas.