La Asociación de Empresarios de Transporte Urbano solicitó ante el juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil la intervención de la Contraloría General de Cuentas de la Nación en el proceso abierto por un amparo otorgado al PDH.
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Esa judicatura amparó semanas atrás a Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH) suspendiendo con ello la emisión de tarjetas prepago para el Transurbano; lo que a criterio de los empresarios no es procedente por lo que solicitaron la intervención de la Contraloría en el proceso.
Sergio Miliam, abogado de los transportistas, explicó que esa solicitud fue efectuada debido a que la Contraloría es la única entidad legalmente autorizada para fiscalizar los fondos públicos, además, refirió que para ello necesitan los datos requeridos para la emisión de las tarjetas prepago.
í‰dgar Guerra, de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano, criticó que la recepción de datos para el uso del transporte prepago en el país ha sido utilizada políticamente y no para beneficio de los usuarios.
«El error fue mezclar lo empresarial con lo político, porque confunden la opinión pública», dijo Guerra, y señaló que la Procuraduría de los Derechos Humamos, la diputada Rosa Maria de Frade y otros actores solamente lo utilizan como bandera política para tener presencia.