«Esperé hasta el fin de semana para poder hacer este trámite; entre semana no puedo», dijo un trabajador que acudió a las oficinas centrales del Transurbano, para obtener su tarjeta prepago para acceder al próximo servicio del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA). Sin embargo, como decenas de futuros usuarios, se toparon con que la sede estaba cerrada, debido a un amparo provisional en su contra.
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Anoche, como a las 19:00 horas, Yes Marcos, jueza sexta del Ramo Civil, informó sobre el amparo provisional a favor del recurso presentado por la diputada Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso.
La legisladora interpuso el amparo, debido a que justificó como infundado el hecho de que se esté solicitando excesivos datos personales y documentos para obtener la tarjeta prepago, que será esencial para acceder a SIGA.
Días atrás se había hecho la denuncia de las quejas de esta situación, ya que para obtener esta tarjeta para una empresa privada, debían indicar nombre completo, edad, dirección domiciliar y laboral, nombre del cónyuge y/o padres, teléfono del hogar, trabajo, celular, cédula, DPI o pasaporte, así como NIT.
Además, se exigía que corroborase esta información con fotocopia de documento de identificación, y factura del recibo de luz, teléfono o agua.
Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República de Guatemala, mostró entusiasmo por la resolución de la jueza Yes Marcos, quien provisionalmente resolvió el amparo que detiene la exigencia de numerosa información personal y de familia, así como requisitos que no podían cumplir los ciudadanos para obtener la tarjeta prepago de SIGA.
La parlamentaria destacó que los ejecutivos de la empresa TransUrbano y su programa Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses -SIGA-, de resolverse el amparo en definitiva, tendrían que eliminar el sello que estaban utilizando donde se advertía que la información del usuario era propiedad de esa empresa, «eso es coacción», reiteró de Frade.
CONSECUENCIAS
Como consecuencia de este amparo provisional, que obliga a no pedir tantos datos ni «apropiárselos», Transurbano no abrió sus oficinas hoy, a fin de no extender documentos sin estos datos.
Mañana, a las siete de la noche, estaría venciendo las 48 horas que dispuso el juzgado para presentar argumentos en contra o a favor de la medida, en donde ambas partes. La parte señalada es la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), que en conjunto hicieron el convenio con el Gobierno para implementar este nuevo programa, que incluye tarjetas prepago, estaciones definidas, entre otros aspectos que buscan paliar la crisis de inseguridad en el transporte.
Aún está pendiente, además, otro recurso de amparo presentado por el procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, que va en la misma línea. Sin embargo, el recurso fue devuelto a su interponerte, ya que no señalaba la dirección de la contraparte para poder hacerle la notificación.