Debido a la falta de personal por parte de la Defensa Pública Penal (DPP), esta institución se ve con la dificultad para atender a más de 7 mil detenidos, quienes esperan proceso del sistema de justicia para solventar su condición.

La DPP cuenta únicamente con siete abogados, para que atiendan a los siete mil detenidos, lo que hace que por abogado tengan pendiente de atender a mil internos.

Esto surge a la luz de la próxima entrada en vigencia de la Ley del Sistema Penitenciario, que define el tipo de cárceles según el delito cometido, por lo que obliga a tener a los pendientes de sentencia a permanecer en centros de detención especiales; es decir, no pueden estar con los reos que han sido vencidos en juicio y que cumplen en la actualidad con una condena.

La Coordinación de la Unidad de Ejecución del Instituto de la DPP tiene como principal dificultad llevar a cabo todos los procesos, debido al poco presupuesto con el que cuentan, en donde dicha institución no posee los fondos necesarios para nombrar más abogados.

Benedicto Tenas, coordinador de la DPP, comentó que solamente alrededor de siete abogados trabajan en la ejecución y la elaboración de procesos penales en contra de más de 7 mil reclusos de los 19 centros penitenciarios.

«La calendarización por parte de los abogados es uno de los recursos con los que ellos cuentan, en donde solamente se visitan los centros los dí­as viernes debido a la cantidad de expediente que se maneja, haciendo tardado el proceso de cada persona, resaltando que los abogados realizan estas visitas, debido a que este dí­a es cuando los juzgados de ejecución tienen menos visitas», dijo Tenas.

«El problema principal es de presupuesto y de polí­ticas administrativas que le corresponden a la Dirección General del Instituto de la Defensa Pública aumentar este presupuesto, que hasta el momento no se ha hecho», agregó el coordinador.

Tenas expresó también que otra de las problemáticas con las que cuenta la defensa es la falta de lí­neas telefónicas, debido a que sólo se cuenta con dos de ellas, para atender a los reclusos y sus familias, actualmente se ha pedido a la dirección la ampliación de una lí­nea más, pero lamentablemente no se ha tenido respuesta.

Según Tenas, los recursos no han sido recibidos debido a que dicho presupuesto le corresponde a la Dirección General en donde es ella quien tiene que realizar estas gestiones para que los procesos no sean demasiado tardados.

A criterio de Carlos Ramiro Contreras, viceministro de Gobernación, se están manejando comisiones para el favorecimiento y la agilización de los casos, debido a la sobrepoblación que existe en algunos centros carcelarios, siendo una de las preocupaciones para dicha comisión.

«Con esta ley, tanto los reos como los reclusos se verán favorecidos en las propuestas para tratar casos de redención de penas, en donde se tiene como finalidad la participación en gestión de ayuda para incremento de presupuesto del Sistema Penitenciario y la ampliación de proyectos de infraestructura», dijo Contreras.

Señalando fundamentalmente con formular polí­ticas públicas del sistema penitenciario, para que éstas sean tomadas en consideración, en donde temas como la segmentación y la clasificación de la población reclusa puedan ser las que agilicen los procesos.