Bajo la tesis de que en materia de control de la pureza electoral no basta con ser honrado sino que además hay que aparentarlo, como la mujer del César, se cuestionó por los partidos políticos la participación del señor Michael Ascoli como Presidente de Junta distrital porque en el pasado se vinculó estrechamente con el oficialismo, al punto de que una de sus colaboradoras, la ingeniera Aceña, terminó siendo ministra de Educación, pasando a ser parte después de haber sido juez. Y la misma esposa del señor Ascoli es una de las colaboradoras más cercanas de la ministra, al punto de que en abundantes actos públicos aparece acompañándola.
Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que ya lo habían nombrado y punto. Algo así como responder a todos los fiscales de los partidos políticos «sí, aleguen y protesten porque de todos modos nosotros hacemos lo que nos viene en gana y la transparencia no nos preocupa». Un rotundo «Sí? ¿Y qué?» que viene a ser una muestra de cómo se manejan las cosas en este país de apagones en pleno conteo de votos.
El punto crucial en todo este asunto es que existen serias dudas sobre el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral y nunca como ahora ese alto instrumento de la democracia había estado tan cuestionado. Desde su fundación el TSE logró superar las críticas y cuestionamientos con base, sobre todo, en la apariencia de honradez y eso les valió para que aun durante el apagón la gente pensara que el Tribunal estaba más allá del bien y el mal, sin que se produjera una reacción en contra de lo que estaba ocurriendo. Es más, cuando se dijo que una ramita había provocado el apagón en todo el país, hubo suspicacias y algunos dijeron que había sido la rama de laurel que ostentaba en su cuello el entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial, pero en términos generales la apariencia de honestidad y transparencia del TSE valió para superar la crisis.
Ahora la situación es muy distinta porque los magistrados que conforman este Tribunal no han logrado dar la misma sensación a un conjunto de ciudadanos que ha visto su falta de autoridad, su incapacidad para hacer cumplir la ley y la exigencia de mayor asignación de fondos que no guarda proporción ni con el número de ciudadanos empadronados, ni con el aumento de mesas ni, mucho menos, con los antecedentes históricos del gasto en cada elección.
Y si a ello se suma esa desfachatez al mandar al diablo la duda y suspicacia alentada por el evidente vínculo que hay entre funcionarios del proceso y el oficialismo, además de que el grupito ya usó el encargo como trampolín político, tenemos que advertir que los magistrados están jugando con fuego. El argumento de que los nombrados «saben hacer las cosas» no justifica porque cabalmente esas cosas que saben hacer son las que se cuestionan y seguro que hay otros ciudadanos que, sin andar tras huesos para sí o sus parientes, también podrían ayudar al Tribunal.