La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala anunció que emprenderá una investigación sobre el financiamiento de las campañas políticas en el país, lo que ha generado reacciones inexplicables de políticos, encabezados por la vicepresidenta Baldetti, en contra de tamaña pretensión u osadía. La excusa que se esgrime es que no tendrá tiempo la Comisión de avanzar porque su mandato terminará antes de que ocurran las próximas elecciones y que por lo tanto no vale la pena emprender una tarea de tal calibre y magnitud.

Personalmente creo que ahí, en el financiamiento de los partidos políticos, está el quid de la cuestión guatemalteca porque precisamente mediante el aporte de dinero a las campañas se fragua el modelo de tráfico de influencias que culmina con el secuestro de la institucionalidad democrática para poner al país al servicio de grupos de poder económico, muchas veces con actuaciones propias del crimen organizado, que se alzan con los recursos que debieran servir para atender las necesidades sociales de la población.
 
 La Vicepresidenta, al igual que todos los que han ocupado la Presidencia y Vicepresidencia desde que se implementó el perverso modelo del financiamiento de las campañas, sabe perfectamente cómo opera el sistema y los compromisos que se tienen que adquirir para alcanzar el poder. Sorprende su resistencia porque ella también sabe cómo es que se diluyen las pruebas y se esfuma cualquier posibilidad de documentar debidamente ese manejo de millonarias cantidades de dinero que no sólo permiten financiar las campañas, sino también aumentar los capitales de los candidatos, ganadores y perdedores, quienes desde antes de llegar al poder ya pasan del petate al Cadillac (como se decía antes). Porque no vaya alguien a creer que únicamente la Embajada de Taiwán hace cheques como los que fueron girados a nombre de Alfonso Portillo para ser pagados a su orden y para que los usara en lo que se le roncara la gana, con tal de no modificar la política internacional de reconocimiento al régimen de Taipei que subsiste gracias a un puñado insignificante de países cuyos presidentes fueron sobornados para no reconocer a China ni establecer relaciones diplomáticas con ese enorme y poderoso país.
 
 Pero si entendemos la función de la CICIG y que todo es un proceso, el inicio de investigaciones no debiera condicionarse por el factor tiempo, porque una vez fenecido su mandato se supone que nuestras propias instituciones tendrían el deber y obligación de continuarlas si es que no se ha podido llevar ningún caso a juicio. Se trata de un proceso de transferencia, pero no simplemente de computadoras y sistemas de investigación, sino de resultados en la lucha contra la impunidad y ningún campo tan urgente y necesario como el del financiamiento de los partidos políticos.
 
 Me atrevo a decir que la mejor prueba de la urgencia y necesidad de ese paso que anunció el comisionado Velásquez es, precisamente, la reacción que ha provocado en los sectores políticos del país porque obviamente sintieron pasos de animal grande. Puede ser que no le dé tiempo de finalizar una investigación sobre un caso tan complejo y especial, pero eso no quiere decir que no se principie, que no arranquen con algo y que hasta la CICIG se cruce de brazos ante la evidencia de que existen poderes ocultos y grupos clandestinos que manejan con habilidad los hilos de la impunidad para garantizar que el secuestro de la institucionalidad democrática se pueda concretar sin sobresaltos.
 
 Preocupados por la pacaya tendrían que estar los fiscales que deberán dar seguimiento a lo que vaya investigando en los meses que le quedan de mandato a la CICIG porque estamos, de verdad, por abrir la caja de Pandora.