En 2002 el Instituto Federal Electoral de México comprobó que el PRI y el PAN infringieron la ley en torno al financiamiento electoral y les impuso multas de $100 millones y $36 millones de pesos, respectivamente.
En 2004 el presidente de Brasil, Luís Inacio Lula da Silva fue multado por cerca de US $18.000 por violar la ley electoral de su país al instar a los electores a reelegir a la alcaldesa de San Pablo, en un discurso pronunciado en un acto organizado con fondos públicos.
En Guatemala, los partidos políticos superan el límite de inversión en propaganda electoral, las autoridades de gobierno utilizan fondos del Estado para campaña, pero nadie es sancionado porque el Tribunal Supremo Electoral dice no tener los instrumentos legales que le permitan castigar a los responsables.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Electoral, el límite de gasto de campaña electoral es el equivalente en quetzales de un dólar (de los Estados Unidos) por ciudadano empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Con base en ello, el TSE calculó el límite de gasto en Q42 millones por partido político, cifra que según informe de Mirador Electoral fue triplicada por las principales fuerzas electorales, quienes han invertido más de Q100 millones cada uno en el proceso electoral, previo y posterior a la convocatoria a elecciones.
«No contamos con los instrumentos legales que nos permitan emitir sanciones para quienes transgredan la ley», sostiene el presidente del TSE, í“scar Edmundo Bolaños Parada.
La Ley Electoral en su artículo 21 inciso g) señala que por incumplimiento se procederá a establecer sanciones administrativas o penales, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva, pero no establece cuáles son esas sanciones.
Ello, según el constitucionalista Gabriel Orellana Rojas, hace necesario un estudio profundo para determinar qué acciones legales proceden. Si la ley establece que la inversión en campaña debe ser de Q42 millones y los partidos la transgredieron, debe buscarse los mecanismos legales que permitan hacer cumplir esa ley, dijo.
Según Orellana, la Ley Electoral tiene rango constitucional y podría ser interpretada de acuerdo a otros instrumentos legales. «Lo que sucede es que el Tribunal Electoral ha dejado de lado su responsabilidad en materia de fiscalización, primero con el gasto electoral y segundo, no solicitando los finiquitos a los distintos candidatos a puestos de elección popular, ellos están más preocupados en quedar bien con los diputados para lograr su reelección en el cargo y han dejado de lado su papel de rectores del proceso electoral», afirmó.
Aunque Mirador Electoral reveló los resultados del sondeo contratado para determinar el gasto en propaganda, sus representantes sostienen que el proceso se camina hacia transparentar el manejo de los fondos de campaña.
«Guatemala ingresó recientemente a la tendencia latinoamericana orientada a establecer mecanismos de control y transparencia sobre el dinero en la política y el proceso electoral 2007 se ha convertido en su primera prueba práctica. Desde una perspectiva restringida, el nuevo marco normativo tiene sin duda debilidades importantes, entre las que resalta la ausencia de mecanismos coercitivos», agrega.
Esas debilidades del marco normativo, unidas a las viejas prácticas y a la ausencia de una cultura de transparencia, han provocado el ensanchamiento entre normas y prácticas, de la misma manera que ha colocado en el centro del debate la disyuntiva entre democracia y dinerocracia, dice.
No obstante, una perspectiva general y comparativa obliga a hacer justicia a los esfuerzos hasta el momento impulsados. En ese sentido, la prueba práctica que ha significado el proceso electoral actual y sus resultados, lejos de desanimar debe impulsar los esfuerzos hacia la siguiente etapa, hacia la continuidad de la reforma del marco normativo y hacia el perfeccionamiento de las prácticas en materia de control y transparencia de la política.
Los analistas sostienen que el proceso electoral debe ser comprendido como la oportunidad de identificar debilidades y fortalezas del sistema de financiamiento de la política guatemalteca, con el fin último de su perfeccionamiento y fortalecer la democracia entendida como un todo.
De ahí que diversos sectores sociales están impulsando acciones que permitan continuar con la discusión y posterior reforma a la Ley Electoral para contar con los instrumentos que garanticen sanciones a los políticos y partidos políticos que infrinjan las normas. «Hay que ver si tienen voluntad para aprobar esas reformas, porque no van a querer ser ellos quienes determinen cómo van a ser castigados por transgresores», afirmaron.