También asumo que la población campesina es sistemáticamente silenciada, porque los finqueros necesitan mano de obra extremadamente barata para la dinámica de la agroexportación. Es la finca, precisamente, un espacio territorial constituido a partir de la Reforma Liberal de 1871 que, además de representar la acumulación extrema de la tierra, también se ha constituido como una forma de control sobre la vida de las familias campesinas. La tenencia de la tierra es uno de los ejemplos más claros de la desigualdad, ya que el 8% de los productores, de los terratenientes, tienen el 72% de la tierra, mientras que el resto de la tierra se encuentra en manos del 92% de la población.

También asumo que el sector privado organizado se ha opuesto sistemáticamente a medidas para asegurar una justa distribución de la riqueza. Rechaza la fijación y el aumento del salario mí­nimo y se opone al crecimiento de la carga tributaria, con la intención de dejar al Estado en trapos de cucaracha.

Asumo que la desigualdad en nuestro paí­s traspasa el factor económico. Vivimos en una sociedad de jerarquí­as en donde el hombre se encuentra encima de la mujer, los mestizos sobre los indí­genas y los adultos sobre los niños. La educación que recibimos a través de las escuelas, colegios e iglesias, reproduce este pensamiento que impide ver al vecino como a un prójimo.

La conservación del medio ambiente también es una preocupación, por lo tanto, asumo que es imprescindible una modificación del Estado sobre la actividad minera en nuestro paí­s que, además de dejarnos un í­nfimo porcentaje de sus millonarias ganancias, atentan contra la naturaleza y contra el territorio de los pueblos indí­genas.

También, como joven guatemalteco, asumo el pasado. Reconozco que durante el conflicto armado interno 200 mil personas fueron asesinadas, 50 mil fueron desaparecidas y se registró alrededor de un millón de desplazadas. Asumo que la mayor parte de los crí­menes cometidos (97%) son responsabilidad del Ejército y de las estructuras paralelas que se crearon para garantizar la represión contra la población.

Asumo que implementar medidas anacrónicas como mano dura, jueces y testigos sin rostro, pena de muerte y leyes antimaras, no garantizan una disminución de la violencia, únicamente constituyen una oportunidad para que el Estado mismo se convierta en un delincuente. Por ello, asumo la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas como una alternativa para evitar que más jóvenes se organicen en pandillas y para que la violencia deje de ser una opción para ganarse la vida.

¿Basta únicamente con asumir puntualidad, cortesí­a y limpieza? No lo creo. Por ello, asumo la necesaria lucha desde todos los espacios y por todos los medios para modificar este sistema en donde la propuesta de cambio se concibe desde una forma superficial. Los cambios deben ser estructurales y mientras no se realicen seguiremos siendo cualquier cosa, menos seres humanos.