La confirmación de que se clavaron los 82.8 millones de quetzales que el Congreso había depositado en la empresa Mercado de Futuros es un golpe tremendo, pues no obstante que se veía venir, algunos diputados alentaban la esperanza de que al menos parte del dinero volviera a las arcas del Congreso. Y el golpe para el Organismo Legislativo va más allá del aspecto financiero, puesto que su ya deteriorada imagen queda totalmente maltrecha y sin autoridad moral para legislar en cuestiones tan cruciales como la pretendida reforma fiscal, para citar apenas un ejemplo.
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Pienso que este tiene que ser un momento de profunda reflexión para los diputados de todas las bancadas y especialmente para la Junta Directiva porque si bien es preciso levantar de alguna forma la imagen del Congreso, ello no se logra con campañas publicitarias ni con declaraciones vacías. El Congreso, colectivamente, tiene que emprender un camino diferente al que ha seguido hasta ahora y creo que hay tres cosas fundamentales en las que deberá centrarse para lavarse un poco la cara.
Es imprescindible legislar de manera urgente para establecer penas realmente draconianas en contra de los pícaros y sinvergí¼enzas que se enriquecen ilícitamente con el dinero del pueblo. No puede continuar esa burla de que tras el robo de 82.8 millones de quetzales, el principal responsable apenas corra el remoto riesgo de tener que cumplir con una pena de tres años de cárcel, conmutables en su totalidad, y una ridícula multa de dos mil quetzales. En un país como el nuestro, donde la gente se muere por falta de atención médica y se condena a la población a una vida de miseria por falta de recursos en educación, es delito de lesa patria robarse un centavo, no digamos esos millones que tranquilamente se embolsan los funcionarios corruptos. Las penas tienen que ser ejemplares para sentar precedentes.
Tienen los diputados que legislar el tema del financiamiento de las campañas políticas, puesto que nuestro sistema obliga a los políticos a venderle el alma al diablo y por eso todos los que encandilan como candidatos, terminan siendo un desastre en el poder porque llegan condicionados por los compromisos adquiridos con los financistas, gente a la que Guatemala le importa un pepino y que apuesta a un político como instrumento para recuperar con creces la inversión. El sistema político de Guatemala necesita una cirugía mayor para terminar con esa dependencia absoluta de los grupos de poder económico que se enriquecen con negocios realizados a la sombra del poder político.
Es obligado que el Congreso apruebe cuanto antes la ley para garantizar el acceso a la información y de esa forma terminar con el secreto que rodea los contratos con organismos internacionales y los fideicomisos constituidos con el dinero público. Y por último hay que sacudir a la Contraloría de Cuentas y modificar las leyes de compras y contrataciones, puesto que todos sabemos que las licitaciones sirven para entrampar el proceso administrativo, pero nunca atajan la corrupción y la Contraloría literalmente es incapaz de agarrar una vaca en un elevador, símil que cae como anillo al dedo al ver que no notó que se habían trasladado los 82.8 millones a la casa de bolsa.
Mientras los diputados sigan como ahora, vendiéndose a intereses poderosos de empresas extranjeras en contra del interés nacional, lo que hacen es acelerar la agonía de ese organismo porque el vaso ya está rebalsado y la paciencia de la gente llegó a su límite. Con todo y eso, no parece que haya un número suficiente de diputados conscientes y preocupados por el futuro institucional del país.