Ayer se presentó un foro de la Comisión Específica de Asuntos Electorales sobre las modificaciones que se deben realizar a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como a otras leyes, para poder garantizar que el proceso sea más democrático con, obviamente, especial énfasis en una menor manipulación del electorado.

Se tocaron temas como la modificación a la Ley de Amparos para que el Tribunal Supremo Electoral sea la más alta instancia en materia electoral; la regulación por tiempo y técnica de las encuestas de opinión que sean con intención de hacerse públicas; la reducción del período de inscripción y “campaña” para la elección; el uso equitativo del espacio en los medios de comunicación y, muy importante, limitantes para la reelección de puestos como diputaciones y alcaldías.
 
  En general, son puntos muy importantes y que deben ser abordados profundamente. Sin embargo, y a pesar de que se habló de la contratación del universo de espacio mediático por parte del TSE para luego ser distribuido equitativamente dentro de los participantes, no se tocaron dos puntos que son fundamentales para el desarrollo democrático del país: El financiamiento y la formación política.
 
  Hoy, el resultado negativo en las administraciones ejecutivas y el permanente pudrimiento de las  instituciones del Estado, pasan por esos temas. Por un lado, porque se prostituye el ejercicio de gobernar para cubrir las “inversiones” de los financistas de candidatos que con cada aporte le apuestan a “ganarse la dicha” de controlar los negocios estatales de los cuatro años de gobierno; por el otro, en la mayoría de casos se tiene una partida de funcionarios novatos en los temas de administración pública, sin conocimiento ni compromiso con políticas definidas por el partido gobernante y que en lugar de llegar a implementar políticas de nación y proteger los intereses del Estado, son guardianes de los intereses de los financistas que los nombran. Son tan novatos, como sus mismos partidos.
 
  Una forma de atar los temas es proponer el sistema de financiamiento público de las campañas, pero con una tabla de relación hacia las prácticas de desarrollo político de los partidos. Por ejemplo, inversión en institutos de formación política, mesas técnicas, actividades de inclusión para fortalecimiento ideológico y práctico a los afiliados, etc. Solo de esa forma se detendrá esa práctica actual de contar con organizaciones de mercadeo y no partidos políticos de verdad.
 
  Es importante lo que se planteó ayer en dicho foro.  Pero, insistimos, debe regularse el financiamiento de los partidos políticos y concentrarse en sus programas de formación. Necesitamos gente que sepa gobernar, tomar decisiones, representar a los ciudadanos y que lo hagan sin compromiso a financistas privados. Que el funcionario se comprometa con el que paga y que el que paga sea Guatemala. Necesitamos un sistema democrático en el que se privilegie el bienestar común y no el de quienes pueden pagar las campañas. Seguro, sería más barato para el país que el pago de las facturas que se da hoy en día.
   

Minutero:
Financistas todos,
para obtener beneficio;
dejamos de ser bobos
y eliminamos el maleficio