Desde ayer, cuando supe de la captura de los agentes de la Policía Nacional Civil implicados en el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano, vengo pensando en lo que hubiera ocurrido si las cuatro víctimas hubieran sido ciudadanos salvadoreños o guatemaltecos comunes y corrientes. A estas alturas las autoridades ya hubieran cerrado el caso explicando que se trataba de otro más de los tantos «problemas entre grupos del crimen organizado» que se disputan poder o parte del botín y que «se matan entre sí» utilizando fusiles de asalto e incinerando los cuerpos.
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Cuando ocurrió el suceso dije que tenía elementos para afirmar que el Estado tiene los medios de investigación para establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos porque esa capacidad la pude comprobar recientemente. Y, por supuesto, pensaba que la calidad de las víctimas y las implicaciones internacionales del crimen haría que se pusiera en movimiento toda la maquinaria a disposición del Estado para establecer lo que había ocurrido. No me engañé y nuevamente, como pasó con un caso que me interesa personalmente, se pudo establecer con pelos y señales lo que había ocurrido y quiénes habían participado. No es casualidad la participación de agentes del Estado ni me ha causado la menor sorpresa, porque todas nuestras fuerzas de seguridad, civiles y militares, están penetradas por el crimen organizado y, por si ello no fuera suficiente factor de podredumbre, se ha incentivado una absurda política de la mal llamada limpieza social que ha tenido efectos devastadores porque no se puede tener control sobre quienes conforman los escuadrones de la muerte.
El caso es que si las víctimas no hubieran tenido el relieve internacional que tenían, su asesinato se hubiera sumado a la larga lista de casos que nunca se investigan ni producen procesos para aplicar la ley. Simplemente porque ya aceptamos como válida esa cantaleta de las autoridades de que prácticamente todo crimen cometido en el país es resultado de pleitos entre criminales y por ello muchos de los muertos, gente honrada y trabajadora, termina además de perder la vida con el estigma de que «en algo debe haber andado metido», razonamiento que muy ligeramente aplicamos los guatemaltecos para justificar la situación de violencia que nos afecta.
Un país cuyas fuerzas de seguridad, civiles y militares, se prostituyen como se han prostituido las nuestras, tiene pocas esperanzas de futuro y la vida de todos sus habitantes se encuentra en permanente riesgo. Una denuncia inconsistente puede causar la muerte de cualquier persona inocente y dado el proceder autoritario y abusivo de las fuerzas de seguridad, hasta una mala mirada puede ser razón suficiente para que se aplique de manera brutal la violencia.
Creo que tenemos que sentir vergí¼enza por el crimen que desnuda lo mal que estamos como país, pero más vergí¼enza da el hecho de que si las víctimas no hubieran sido personalidades de altos vuelos, su muerte hubiera sido algo así como una mancha más al tigre y nadie se hubiera inmutado. Eso es lo que no podemos seguir tolerando y contra lo que tenemos que manifestarnos porque no es posible que se siga matando impunemente en el contexto de una absurda idea de que la sociedad se limpia matando a gente a diestra y siniestra y calcinando sus cadáveres para enviar mensajes que, por lo visto, no tienen el menor efecto para desestimular la comisión de delitos.