El escándalo provocado por la forma espuria en que se intentó modificar la norma presupuestaria que apuntaba a evitar la creación de deuda flotante es una clara muestra de las fundadas suspicacias que hay en la sociedad guatemalteca como resultado de la absoluta falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado y de los negocios que se hacen con contratistas privados. Obviamente es principio de administración la necesidad de disponer de instrumentos ágiles para el cumplimiento de los fines de la entidad, pero todo ello en el marco de la honestidad y la prudencia para no comprometerse financieramente ni derrochar los recursos.

En Guatemala tenemos un sistema de fiscalización que simplemente no funciona, que es una absoluta pérdida de tiempo y de recursos, porque resulta que la Contraloría de Cuentas no es capaz de contener la voracidad de políticos y empresarios que se han aconchabado para concretar el saqueo del erario. Se habla inclusive de que existen políticas definidas de centrar la tarea fiscalizadora en una cuota de municipalidades para dar la apariencia de que algo se hace, pero en los grandes negocios, en los que tienen que ver con los más grandes poderes (político y empresarial) la vista gorda es la única constante.
 
 Por ello es que la Ley de Compras y Contrataciones tiene procedimientos engorrosos y se establecen normas presupuestarias que son un obstáculo a la agilidad administrativa. Pero no deja de ser una paradoja que la existencia de esos requisitos puntillosos no sólo no contenga los negocios, sino que los haga más onerosos. Las licitaciones no son garantía de transparencia ni las normas presupuestarias garantizan el buen manejo de los recursos. Siempre hay formas de jugarle la vuelta a las leyes y evadir los controles que buscan la fiscalización.
 
 Nuestro sistema administrativo no está hecho para asegurar la transparencia sino para evitar la fiscalización y facilitar el latrocinio. Estamos haciendo una afirmación absoluta, producto de la evidencia de muchos años en los que sucesivos gobiernos han logrado perfeccionar la forma de hacer negocios para beneficio de los funcionarios de turno y los empresarios de siempre que son parte de la componenda para ofrecer mal producto, mala obra, pero a precios exorbitantes que superan por mucho los precios de mercado.
 
 Si hubiera transparencia no tendríamos tantos resquemores cuando se quieren quitar candados presupuestarios para facilitar la gestión pública. Pero cuando hay plazas fantasmas en educación, lo menos que puede exigirse es que mediante candados se contenga en algo el saqueo, para citar apenas un ejemplo.

Minutero:
¿Cree que una Constituyente 
con el diputado presente 
tendrá siquiera el instinto 
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