«Si estás en contra es porque algo tenés que ocultar», parece ser la consigna que los propulsores de la Ley de Acceso a la Información argumentarán en el Pleno, cuando el controversial normativo que deviene de los Acuerdos de Paz y fundamentalmente de la Constitución Política sea conocido en primer debate en una fecha que aún es incierta, ya que no se cuenta con las 40 firmas que se requiere para pedir a la Comisión Permanente la convocatoria de una sesión extraordinaria.
Sectores políticos, sociales y gremiales han manifestado su complacencia con los consensos en el Congreso de la República supuestamente alcanzados, en virtud que diputados de distintos bloques legislativos han anunciado su disposición de apoyar esta ley, porque a partir de su aprobación y su puesta en vigencia el año entrante, Guatemala daría un paso positivo, transparentando todo lo relacionado al manejo de los recursos del Estado, nunca como ahora cuestionado por la alta discrecionalidad y casi nulos controles.
La Ley debe observarse de forma indiscriminada
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República Ronaldo Robles, comentó a La Hora Política que el Gobierno del presidente Colom se siente satisfecho con el dictamen favorable y espera que los representantes de los bloques mayoritarios que signaron el documento honren su palabra cuando la discusión sea elevada al Pleno. «Este es un paso fundamental para transparentar la administración pública», afirmó el Secretario de Comunicación y también periodista.
Respecto a las preocupaciones que habría externado el Ministerio de la Defensa, sobre los temas que la Constitución Política lo faculta a mantener bajo reserva, con carácter de confidencialidad, Robles, afirmó que a lo interno del Gobierno se ha manifestado que esta ley deberá observarse de forma indiscriminada, pero que en todo caso será el Congreso de la República el que tendrá la última palabra en esta materia, cuando discuta su aprobación.
El dirigente sindical Rubén Mazariegos, comentó que el Congreso de la República tiene en sus manos prestigiarse con la aprobación de esta ley, ya que permitirá a toda la ciudadanía enterarse de lo que realmente están haciendo todos los organismos del Estado, sus instituciones, dependencias y entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, principalmente las municipalidades, entre estas, la capitalina que se niega a rendir cuentas sobre el millonario presupuesto que maneja anualmente.
Oficiales del Ejército se resisten a revelar sus ingresos
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), es una de las más entusiasmadas en la aprobación de la ley y cree que es viable su aprobación, porque cuenta con la promesa de apoyarla del bloque oficialista. Sin embargo, admitió que no tiene muchas esperanzas que sea aprobada en una sola lectura como pretende, porque si bien existe el compromiso de otros bloques de discutirla y votar a favor, también preparan modificaciones de curul que pueden cambiar la esencia de la ley.
En ese sentido y tal como lo advertía Robles sobre la preocupación de la institución armada, Montenegro (una de las diputadas que fiscaliza muy de cerca a los militares) cree el proyecto sufrirá todavía varias enmiendas relacionadas con los uniformados, que se resisten, según afirmó, a proporcionar información sobre el manejo de su presupuesto y otras actividades que no tienen nada que ver con la seguridad nacional, la diplomacia o que ponga en riesgo la estabilidad del país.
La bancada oficial también ha pedido algunas modificaciones a la ley que se relaciona con aquellos funcionarios que pertenecen a instituciones que les corresponde brindar seguridad a la ciudadanía para que se exceptúe lo relativo a sus salarios, dietas, gastos de representación, viáticos, lo cual habría que ver hasta donde es posible tomando en cuenta la inseguridad que se vive y la ola de secuestros que se viven en estos momentos, comentó Montenegro.
Habrá que ver hasta dónde se puede modificar la iniciativa, pero quienes estén limpios de pecado no deberán oponerse a la vigencia de esta ley. Hasta el momento, Montenegro afirmó que solo están de acuerdo en aprobar la ley de urgencia nacional, la bancada oficial, Encuentro por Guatemala, Casa y bancada Guatemala. Patriotas, eferregistas, unionistas y panistas no se han pronunciado abiertamente, porque diputados de esas agrupaciones políticas afirman que aun estudian el normativo, agregó.
APG a favor de la ley
El vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, Jaime Córdova Palacios, estima que la Ley de Acceso a la Información Pública, es muy importante y consecuentemente su aprobación es un paso más que viene a fortalecer el proceso democrático y la institucionalidad del país, aunque hayan sectores que se oponen a su aprobación por motivos que solamente ellos saben, por lo que instó al Congreso de la República, porque de los diputados depende sentar las bases para alcanzar una transparencia real.
Fundación Mack también a favor
Por su parte, Carmen Aída Ibarra, vocera de la Fundación Myrna Mack, quien explicó que esa organización, desde hace varios años, viene impulsando la legislación en esa materia para complementar lo enmarcado en los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República, que garantiza los derechos de todo ciudadano a tener acceso a cualquier tipo de información, obligando al Estado hacer públicos todos los actos de los funcionarios en general, por lo tanto, la aprobación de esta normativa aunque sea un tema «muy escabroso» para algunos sectores que han sido protegidos con el «manto de la impunidad».