La norma que establece que el representante de los rectores en la Comisión de Postulación debe salir de un sorteo no deja lugar a dudas ni requiere de aclaraciones, puesto que es absolutamente precisa en cuanto a la forma en que se deberá designar a ese representante. Sin embargo, los rectores de las universidades del país, que se supone deben ser reflejo de las mentes más claras y entendidas del mundo académico, no entienden la normativa y están pidiendo aclaraciones al Congreso de la República porque no quieren aceptar lo que dice la letra clara de la nueva normativa que pretende hacer más transparente el proceso de designación de los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las Salas de Apelaciones.
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Eso nos hace ver que si ello ocurre con los rectores, qué se puede esperar de los decanos y de los demás integrantes de las comisiones de postulación. Sin duda que será dura la tarea de la sociedad para fiscalizar el trabajo que hagan porque es obvio que hay demasiados intereses en juego. No me cabe en la cabeza que los rectores tengan esa duda, porque no hay lugar para dudas ni para interpretaciones de lo que es absolutamente claro, salvo que exista un interés marcado por manipular el trabajo y por mantener el secuestro de la justicia que han hecho desde hace muchos años los grupos clandestinos que funcionan como la peor expresión del crimen organizado en el país y que son responsables del clima de absoluta impunidad que nos tiene de rodillas.
Hay entre los rectores juristas de prestigio que, precisamente por cuidarlo, no debieran de mostrar ese comportamiento que despierta tantas dudas. Otros de los que dirigen las universidades del país no tienen esa formación, pero el sentido común debería ser un factor importante para tratar de entender el espíritu de la norma legislativa.
Evidentemente la lucha no se ganó con la aprobación de la ley, puesto que los intereses en juego son demasiado grandes y por supuesto que harán hasta lo imposible por asegurarse una posición que les permita seguir gozando de las ventajas que han tenido desde que se dispuso, durante el conflicto interno, que el aparato de justicia iba a proteger a militares, policías y paramilitares que actuaron en defensa del sistema constitucional, generando el sistema completo de impunidad que hay en el país y que pasa por el Ministerio Público y se corona en los tribunales de justicia de las diferentes instancias.
Tantos años de controlar al Organismo Judicial no terminarán mágicamente y por supuesto que habrá muchos pataleos porque lo que está en juego es demasiado. Se trata del verdadero parteaguas de la historia nacional, puesto que si logramos mediante la vigilancia y participación de la sociedad, integrar un aparato de justicia más limpio y menos corrupto, seguramente que Guatemala estará en oportunidad de emprender el camino correcto para revertir los efectos de un Estado fallido que no es capaz siquiera de administrar su propia justicia.
En el caso de los rectores da pena ver que los titulares de la academia nacional, los que tienen a su cargo la formación superior de los guatemaltecos, no tengan empacho en mostrarse ya no sólo como incapaces de entender e interpretar una norma clara, sino que como parte de ese juego sucio que ha sido tan pernicioso para el país.